Podemos presiona a Sánchez para subir el salario mínimo en 2021

El Gobierno tiene una nueva decisión conflictiva encima de la mesa con división de opiniones entre los dos socios de la coalición. La patronal exige congelar el salario mínimo para 2021 —”no es momento para subirlo con la que está cayendo”, ha señalado el líder de la CEOE, Antonio Garamendi—, mientras los sindicatos piden acercarse a los 1.000 euros mensuales —ahora está en 950— y al menos una subida simbólica en este año de pandemia. La vicepresidencia económica, dirigida por Nadia Calviño, no ha tomado una decisión y Unidas Podemos, a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha la presión pública para evitar que Pedro Sánchez decida finalmente congelarlo.

“No sería entendido por qué revalorizamos las pensiones y por qué revalorizamos los salarios de empleados públicos al 0,9% y por qué dejamos a los asalariados que más lo necesitan con una pérdida de poder adquisitivo. Todos los países de nuestro entorno están optando por subir los salarios mínimos. La única vez que se congeló en España en 42 años fue con Mariano Rajoy en plena austeridad y recortes. Nadie entendería que lo hiciéramos en un Gobierno progresista”, ha declarado Díaz en una entrevista en TVE el viernes, dando así a entender que otros sectores del Gobierno sí apuestan por esa congelación.

Fuentes de la vicepresidencia económica señalan que primero se escuchará a los agentes sociales —la ministra confirmó que se les convocará la semana que viene— y después el Gobierno tomará una decisión. Desde el departamento de Calviño no admiten abiertamente que la posición de la ministra sea la de congelar el salario mínimo interprofesional. Se limitan a señalar que el compromiso es llegar a lo largo de la legislatura al 60% del salario medio y eso, dicen, ya está muy cerca. Aquí sin embargo hay mucha discusión técnica en función de cómo se mide, pero más allá de estas cuestiones, se trata de una decisión política más bien simbólica. Díaz no quiso plantear una cantidad específica, pero si se subiera lo mismo que a los empleados públicos, un 0,9%, supondría un aumento de menos de nueve euros.

Sin embargo, el área económica del Gobierno, liderada por Calviño y con María Jesús Montero como el otro gran referente, está trasladando internamente mensajes de prudencia no solo en el salario mínimo sino en todas las negociaciones en marcha —desde la reforma laboral al plan de ayuda a la hostelería pasando por el decreto antidesahucios— por varios motivos, pero el más importante de ellos es la negociación en marcha con Bruselas para la ejecución del gran fondo de recuperación y también el riesgo de que las cifras de déficit se descontrolen.

El martes, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, se reunirá con los representantes de sindicatos y la patronal para escuchar sus posiciones. En principio no será con los líderes —el secretario general de CC OO, Unai Sordo, está enfermo de covid-19—, aunque fuentes del diálogo social no descartan que haya movimientos y contactos en este sentido. En Trabajo ya conocen estas posturas porque han podido oírlas y leerlas en los últimos días. Los sindicatos son partidarios de subir el SMI este año. Entenderían que no fuera la subida de los últimos años, pero sí algo. Sin perder su objetivo de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura. En la CEOE, por el contrario, rechazan cualquier aumento. Díaz defendió que la subida del salario mínimo, que ella protagonizó el año pasado con acuerdo de patronal y sindicatos “se ha demostrado como una forma muy eficaz de romper la desigualdad y la brecha de pobreza salarial”.

El otro elemento que ha esgrimido la titular de Trabajo es que otros países de la Unión Europea están elevando el suelo legal de los salarios. En Alemania, por ejemplo, se ha planteado un incremento del 2,67% en dos tramos, enero y julio. En Irlanda se llegaría al 1%. Hay otros países que también lo han anunciado y que Díaz esgrime para demostrar que no defiende nada radical ni algo parecido a los países del entorno español.

Díaz recordó además que en 42 años de democracia nunca se ha congelado el SMI, que solo se hizo durante los primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy (2012 y 2014), en los peores momentos de la crisis anterior, en los que se optó por la devaluación salarial como mecanismo de recuperación de poder adquisitivo.

En España, la fijación del salario mínimo es competencia del Gobierno. Antes tiene que escuchar a los agentes sociales, pero no tiene por qué negociar con ellos. Después es el Ministerio de Trabajo el departamento que debe elevar la propuesta al Consejo de Ministros, pero es al órgano que corresponde la decisión final. El debate interno del Gobierno ya se ha hecho público. Ahora, después de hablar con patronal y sindicatos, la decisión final estará en manos del presidente del Gobierno.