Bruselas multa a Meliá por cobrar precios distintos según el país del cliente

La Comisión Europea ha sancionado al grupo hotelero Meliá con 6,7 millones de euros por privar ilegalmente a los clientes de ciertos países de acceder a determinadas ofertas de alojamiento que sí estaban disponibles en otros Estados. La multa a la mayor cadena hotelera española, anunciada este viernes, pone fin a un procedimiento iniciado hasta justo tres años. Y sus consecuencias podrían haber sido peores. Bruselas ha aceptado rebajar un 30% el castigo debido a que Meliá reconoció los hechos y colaboró con la investigación más allá de lo que se le podía exigir legalmente, lo que les ha permitido ahorrarse unos tres millones de euros.

La buena voluntad demostrada por la multinacional turística no oculta un hecho: en 2014 y 2015 los contratos de Meliá con los principales operadores turísticos europeos (Kuoni, REWE, Thomas Cook y TUI), incluyeron cláusulas que impedían a los clientes de determinados países ver la disponibilidad real de un hotel o reservar habitaciones a los mejores precios, tal y como se encargaron de denunciar algunos usuarios. Las leyes europeas impiden a las empresas hacer ofertas más favorables para unos consumidores del espacio económico europeo que para otros basadas en su lugar de residencia, lo que se traduce en que ni los hoteles ni los operadores turísticos pueden discriminar a los clientes en función de su ubicación.

Bruselas no detalla en qué países se encontraban los clientes beneficiados y perjudicados por las ofertas, pero la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha recordado que su política de precios infringió las normas del Mercado Único europeo, un espacio en el que las autoridades comunitarias estiman que todos los consumidores deben ser tratados igual. "Meliá impidió a los operadores turísticos ofrecer libremente alojamientos hoteleros en todos los lugares de Europa. Como consecuencia, los consumidores accedieron a ofertas distintas y precios distintos en función de su nacionalidad", sostuvo la política danesa.

El caso de Meliá tiene precedentes. El Ejecutivo comunitario ya realizó una investigación similar al parque temático Disneyland Paris en 2015 después de que recibiera quejas de usuarios. Las pesquisas las llevó a cabo entonces el área de Mercado Único, y confirmaron que la empresa aplicaba tarifas más elevadas a familias alemanas o británicas que a las belgas o francesas pese a que en su web les anunciaba que se trataba de la mejor oferta disponible. Como consecuencia de la presión de Bruselas, Disneyland París modificó su política de reservas para evitar discriminar a los clientes por su lugar de residencia o nacionalidad.