La organización del Mobile se enfrenta a una cascada de reclamaciones por la cancelación

Las pérdidas económicas por la suspensión del Mobile World Congress son ya millonarias, pero ¿quién resarcirá a los perjudicados? Los consultores, abogados del Estado y letrados consultados por EL PAÍS coinciden en que la clave será determinar si la cancelación de la feria —acordada el miércoles por la organizadora— obedece o no a una causa de “fuerza mayor”: el brote de coronavirus. En tal caso, añaden, es posible que, en los tribunales, GSMA pueda sortear o al menos minimizar el pago de elevadas indemnizaciones.

La organización señaló ayer que renuncia a organizar el Mobile por la “preocupación global” ante el coronavirus. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la emergencia internacional por el virus. Sin embargo, el organismo ha desaconsejado que se pongan restricciones al movimiento de personas y mercancías fuera de China. En España, además, no se han adoptado medidas excepcionales dado que solo hay dos casos (importados) y no se ha producido ningún contagio en el territorio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró el miércoles que no existe ninguna razón de salud pública para cancelar la celebración de cualquier evento en España.

“La posición de España ante el virus puede incidir en los tribunales. También es importante el posicionamiento de la OMS para que la organización pueda acogerse a la fuerza mayor”, explica Víctor Mercedes, socio responsable de derecho procesal de Baker Mckenzie. El Código Civil exime de responsabilidad por daños en casos fortuitos (eventos que están fuera del alcance de los organizadores, como una revuelta popular o una guerra) o ante causas de fuerza mayor (terremotos, incendios, etcétera).

Frente a posibles reclamaciones —que son en múltiples direcciones: de las empresas a la organización, de los hoteles a las empresas que han cancelado sus reservas—, los afectados siempre pueden esgrimir esa razón en el juzgado, añade Mercedes. Hay precedentes similares, aunque no iguales. En 2013, la Audiencia de Madrid exoneró a una empresa de cruceros que decidió no desembarcar a los viajeros en todas las ciudades previstas en el recorrido contratado por la expansión de la gripe A. “El tribunal concluyó que, como la OMS la había calificado de pandemia global, no había responsabilidad. En el caso del Mobile, habrá que ver si sirve lo mismo con el coronavirus”, concluye.

“Digan lo que digan las autoridades públicas, la oportunidad de defenderse en los juzgados está ahí. También puede plantearse a la inversa: el organizador quiere evitar mayores responsabilidades en caso de que se produzcan contagios”, señala un consultor que prefiere no revelar su nombre. Todo depende, además, de las cláusulas concretas en los contratos suscritos entre las partes. Y de si se acogen a la jurisdicción española o, como suele ocurrir en estos casos, a una corte arbitral internacional.

Coincide en el diagnóstico Borja Adsuara, consultor, abogado y exdirector general de Red.es. “Todos pierden con este asunto, y la solución jurídica es muy compleja. Existen las causas de fuerza mayor, pero además muchos tipos de contratos, cada uno con su política de devolución total, parcial o nula. También está el hecho de que, si se cambian las condiciones esenciales, puede pedirse la resolución del contrato”, apunta en alusión a la ausencia anunciada —antes de la cancelación— por grandes empresas del sector.

Esas compañías que abandonaron el barco antes, coinciden los expertos, lo tienen mucho más difícil para reclamar indemnizaciones. Caso distinto es el de las firmas que aún tenían intención de acudir a la cita. Ahí puede iniciarse una cascada de reclamaciones que tendría como último eslabón las compañías de seguros.

Pero los seguros se acogen siempre a multitud de exclusiones, coinciden los expertos, y a menudo mencionan causas de fuerza mayor. En una de las pólizas relacionadas con el Mobile, señala uno de los abogados, se hace alusión de forma explícita a la posibilidad de que se desate una epidemia. Las empresas afectadas, en todo caso, ya han encargado a las grandes firmas internacionales informes para conocer su margen de maniobra. Es el caso de algunas cadenas hoteleras. Los consultores advierten de la necesidad de una solución más o menos consensuada. “Lo contrario lleva a un caos judicial que puede acabar afectando la continuidad del Mobile en Barcelona”.