Bruselas abre el debate de la reforma de las reglas fiscales

La Comisión Europea trata de afianzar el paso antes de recorrer el finísimo alambre que la separa de una reforma de las reglas fiscales. Ante el carácter explosivo del debate, Bruselas ha decidido abrir el melón lanzando una gran consulta a todas las instituciones comunitarias, las capitales y los agentes sociales. A finales de año, el Ejecutivo comunitario espera poder formular una propuesta asumible para halcones y palomas que permita simplificar las normas y asegurar su cumplimiento sin castigar la inversión pública.

Bruselas ha decidido poner sobre la mesa la reforma de las normas que apuntalan los dos grandes principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: los países deben tener un déficit inferior al 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) y su deuda debe ser inferior al 60% de la riqueza nacional. El Ejecutivo de Jean-Claude Juncker dejó al nuevo gabinete un informe del Consejo Fiscal Europeo en el que pedía una simplificación de las normas. Estas deberían basarse en una regla de gasto de la que podría deducirse el gasto a inversiones estratégicas.

A ese documento se añadirá ahora otro elaborado por la Comisión Europea. "Las políticas económicas en Europa deben abordar los desafíos que afrontamos hoy, que claramente no son los mismos que hace una década", sostuvo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El informe resalta el éxito del mecanismo para meter a los países en vereda. Y prueba de ello es que los 24 países que llegaron a estar en el procedimiento de déficit excesivo ya han reducido sus desfases presupuestarios por debajo del 3% del PIB. También se ha reducido la deuda y se han mejorado algunos desequilibrios. Aun así, un grupo de países sigue con elevados lastres que amenazan con cronificarse.

Uno de los Estados a los que se ha referido la Comisión Europea es España. El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis enfrió las expectativas del gobierno de Pedro Sánchez de volver a suavizar la senda fiscal para los próximos años. "La deuda de España desciende de forma muy lenta y el déficit también lo hace así hacia su objetivo a medio plazo", advirtió el político conservador, quien negó que la Comisión haya cerrado cualquier pacto con el Ejecutivo de Sánchez. España trata de hallar más flexibilidad para cumplir con el programa del gobierno de coalición. Dombrovskis ha sido hasta ahora más reacio a esas pretensiones, mientras que Gentiloni ha mostrado mayor predisposición a abrir la mano.

La predisposición de ambos políticos ante el debate que se avecina también refleja esa disparidad. Dombrovkis hizo gala de una mayor cautela, mientras que Gentiloni llamó a adaptar las reglas a los nuevos retos: a preservar la estabilidad, pero también a favorecer el crecimiento y la transición ecológica. Y ahí están los elementos que más interesan a los países del sur. El documento indica, por ejemplo, que las inversiones en infraestructuras o innovación no solo fueron grandes víctimas de la Recesión, sino que todavía no se han recuperado. "La estabilidad sigue siendo un objetivo clave, pero hay una necesidad igualmente acuciante de apoyar el crecimiento y, en particular, de movilizar recursos para abordar el cambio climático", afirmó Gentiloni.

Sin embargo, Dombrovskis pudo constatar el pasado mes de septiembre, en el Ecofin informal de Helsinki, cómo ese debate genera una gran coincidencia y grandes discrepancias. A nadie le gustan las reglas actuales. A todos les resultan complejas, poco transparentes e incumplibles. "Se perciben actualmente como demasiado complejas y difíciles de comunicar", insistió este miércoles el vicepresidente.

Gran consulta entre los interesados

Aun así, el aliciente para el norte para cambiar las reglas no es el mismo que para el sur. Los llamados hanseáticosquieren mecanismos más automáticos de sanciones en caso de incumplimiento de las normas, mientras que Francia o el sur quiere más flexibilidad. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a poner en cuestión el sacrosanto límite del 3% del PIB en el déficit público, que consideró "un debate de otro siglo".

Dadas esas profundas discrepancias entre países, la Comisión ha enseñado la patita con una comunicación y ha lanzado una consulta entre los principales interesados, entre ellos, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, el Banco Central Europeo, el Consejo Económico y Social, el Comité de las Regiones, los parlamentos y gobiernos nacionales, los bancos centrales de cada país, las instituciones fiscales independientes o los agentes sociales.

Entre otros asuntos, preguntará sobre cómo pueden asegurarse unas finanzas sostenibles a la vez que se garantiza el crecimiento; cuál es la mejor manera de evitar el carácter pro cíclico de las normas; cómo proteger las inversiones que permitan afrontar retos sociales y económicos como el envejecimiento de la población o futuras crisis, o cómo hacer que las normas sean más claras. Esa consulta, según fuentes comunitarias, debería estar acabada antes de las vacaciones de verano. Y a partir de ahí, la Comisión tratará de formular una propuesta de reforma que crea que pueda ser asumida por la mayoría de los Estados.