Enagás recibirá entre 25 y 28 millones al año por la gestión del sistema gasista

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular que establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista, actividad que realiza Enagás, y en la que fija periodos regulatorios de tres años, comenzando el próximo periodo en 2021 y finalizando en 2023. Esta es la décima circular que aprueba el regulador en el ámbito de las competencias que le fueron otorgadas a principios del año pasado para establecer un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico y gasista.

Esta circular establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema desde 2021 en adelante. Además, establece la duración de los periodos regulatorios y la retribución del gestor técnico del sistema, así como su cobro y su liquidación. Asimismo, fija los parámetros de retribución para el primer periodo 2021-2023 y también establece la retribución del gestor técnico del sistema para el año 2020, que ascenderá a 25 millones de euros.

Para el periodo regulatorio 2021-2023 se sitúa en un rango entre 26,2 millones de euros (en un escenario de cumplimiento mínimo de incentivos) y 27,2 millones de euros (en el caso del cumplimiento máximo de incentivos). Sin considerar incentivos, la retribución anual se eleva a 26,7 millones de euros.

La retribución anual del gestor técnico del sistema en 2019 fue de 24,5 millones de euros. Por lo tanto, la retribución que resulta para el periodo 2021-2023 supone un incremento mínimo de 1,7 millones de euros y máximo de 2,7 millones de euros. En términos relativos, el incremento mínimo sería del 6,9% y el máximo del 11%.

La circular se emite de acuerdo con el Consejo de Estado y con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) concluye su tramitación, después de haber sido sometida a audiencia pública entre el 5 de julio y el 9 de agosto del año pasado. El gestor técnico del sistema es una sociedad filial de Enagás que se encarga de la operación y de la gestión técnica de la red básica y de transporte secundario; y que tiene como objeto garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución.

La CNMC destaca que la circular establece un modelo que únicamente considera aquellos costes prudentemente incurridos por una empresa eficiente y bien gestionada. En paralelo a la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico, se establecen periodos regulatorios de tres años. Es decir, la mitad del periodo regulatorio de seis años establecido con carácter general para las actividades reguladas.

Medidas de la OCU

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al nuevo Gobierno que tome siete medidas adicionales para rebajar la factura eléctrica que completen el recorte de peajes aplicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A su juicio, reducirá el recibo de la luz en torno al 1,5%. Según informa la OCU, una de las medidas que debe tomar el nuevo Ejecutivo es considerar la electricidad como un servicio básico, de primera necesidad, reduciendo así el IVA que se aplica del 21% (el tipo general) al 10% (el tipo reducido).

Además, pide compartir con otros sectores, el de los combustibles fósiles fundamentalmente, el gasto derivado de los compromisos adquiridos con las energías renovables, cogeneración y residuos y el déficit generado por este mismo motivo.

Por otro lado, sugiere al nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico buscar alternativas para reducir los sobrecostes de generación eléctrica extra peninsular. traspasándolos a los Presupuestos Generales del Estado tal y como se hace con otros costes derivados de la solidaridad interterritorial. También pide que el reparto de los cargos del sistema eléctrico sean proporcionales al consumo, evitando así que la baja tensión (hogares y pymes) subvencione a las empresas suministradas en alta tensión y trasladar el grueso de los cargos al término de energía (en vez de al de potencia).

Por último, exige eliminar de la factura el Impuesto de la Electricidad, que considera "un mecanismo de financiación de las comunidades autónomas sin justificación alguna".