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Más de la mitad de los contratos públicos no justifican su precio

El supervisor de la contratación encuentra múltiples irregularidades en las licitaciones en España

Tramo de la AP-7 en dirección a Alicante.
Tramo de la AP-7 en dirección a Alicante.

Más de la mitad de los contratos públicos en España (el 52,9%) no justifica el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar. Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto inicial y el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada recientemente a instancias de Bruselas. También denuncia la existencia de irregularidades en el 47% de la contratación menor, que se otorga directamente y evita la competencia.

En el fondo, el documento está identificando una “falta de planificación” en la contratación pública. En España se firman unos 120.000 contratos al año, sin contar los menores. “Sorprende el porcentaje que denuncia la oficina en la medida en que se está apuntando a una falta de preparación en el diseño del contrato y el cálculo de los costes”, comenta José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Según explica, si se da el caso de que existan varios postores que compiten por el contrato, el precio terminará de todas formas ajustándose. Pero si no hay una tensión competitiva, entonces la Administración acabará pagando de más.

El extenso informe, que abarca más de 400 páginas, desgrana las irregularidades en las que las Administraciones Públicas incurren cuando contratan a terceros. Para ello analiza sobre todo 17 informes del Tribunal de Cuentas y otros organismos fiscalizadores autonómicos. Entre las más comunes está la de no justificar el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que según el supervisor ocurre en el 58,8% de las licitaciones. Generalmente sucede cuando se usa el procedimiento negociado sin publicidad, por cuantía o por motivos técnicos o de exclusividad del proveedor. Pero también en los casos en los que la Administración recurre a la tramitación urgente o de emergencia sin que acredite que se dan los requisitos necesarios para hacerlo.

Otro de los problemas radica en la contratación menor. Con cifras de 2018, se detectan irregularidades en la mitad de ellos. Y eso a pesar de que la legislación de 2017 estaba redactada para limitarlos, impidiendo que se usen siempre que se pueda anticipar la necesidad. El contrato menor es aquel cuya cantidad máxima alcanza los 15.000 euros para un año. Se adjudica directamente entre tres presupuestos que el organismo público haya recabado. Es decir, carece de un procedimiento de licitación al uso. En su lugar, según la ley, cuando se trate de un gasto previsto debería emplearse el procedimiento abreviado que sí implica una licitación abierta a todo el mundo y con publicidad.

Sin embargo, el informe no entra en cifras de cuánto se ha conseguido restringir el empleo de estos contratos menores. Según el documento, las Administraciones recurren “de forma reiterada” al fraccionamiento de contratos para los mismos servicios. En ocasiones, la duración supera la prevista legalmente. Y en otros casos la facturación excede los importes adjudicados. El estudio también encontró que se incumple la obligación recogida en la ley de solicitar tres ofertas para el contrato menor. En definitiva, del análisis se infiere que todavía se abusa de esta figura, que reduce la tensión competitiva y facilita que la Administración de turno entregue el encargo a una empresa próxima. De esta manera, algo que muchas veces se hace por simple comodidad puede incluso acabar degenerando en un tipo de corrupción, según denuncian los expertos consultados.

La oficina de contratación reprocha, además, que no se documente individualmente cada uno de los contratos y, en consecuencia, no se pueda examinar en profundidad qué está pasando. Podría estudiarse mejor si su tramitación estuviese digitalizada. Sin embargo, a pesar de que ya se exige que el 100% de la licitación se haga de forma electrónica, solo el 7% lo está, dice el organismo independiente. Este reclama que se avance en la digitalización, ahora “lejos de ser una realidad”. La falta de una base de datos única impide que la oficina independiente pueda aprovechar el big data para sacar conclusiones más definidas sobre la contratación pública, un área que según el Ministerio de Hacienda equivale al 13% del PIB.

La oficina de la contratación alerta de que no pueden darse datos económicos “ciertos y de calidad” para averiguar el ahorro entre el presupuesto de licitación y el precio final de adjudicación. Este dato es muy importante, ya que representa un claro indicador de cuánta competencia se ha dado para conseguir el contrato y abaratar el coste para el Erario.

La Oirescon pide también establecer medidas de control para asegurar el pago a las firmas subcontratadas. Y recomienda que se justifiquen mejor las modificaciones en los contratos.

Una oficina sin medios pero respaldada por Bruselas

El informe anual sobre la contratación se remite a Bruselas, que busca una mayor transparencia y competencia, con el fin último de que se cree un mercado único de la contratación pública en la UE. O sea: que cualquier empresa europea participe en las licitaciones de otro país miembro. Sin embargo, en ese documento, que ya ha remitido la Oficina de la Contratación al Ejecutivo comunitario, se recuerda la falta de efectivos y medios suficientes para la tarea de supervisar la contratación pública. “La ausencia de medios informáticos y personales de la Oirescon ha limitado el alcance del informe en algunas de sus actuaciones”, se queja el nuevo organismo.

Esta institución se ideó como un ente independiente y sus cargos son inamovibles durante seis años. Sin embargo, finalmente, se constituyó como una oficina con poco rango dentro de Hacienda. Y solo contaba con unos cinco funcionarios frente a la treintena que estaba prevista. Ni el Gobierno del PP ni el del PSOE la han dotado de medios. Entre sus carencias, el organismo concreta: “Principalmente la ausencia de una herramienta de explotación de datos, así como la falta de acceso al conjunto total de los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado, que ha condicionado el análisis a los datos abiertos de esta y de las plataformas autonómicas”.

Oirescon también pide recursos para poder investigar la corrupción en los contratos y proteger al denunciante. La Comisión respalda a la oficina y exige en sus recomendaciones que se refuerce. Por otro lado, el supervisor de la contratación destaca el fraccionamiento del mercado en España, algo que también va en contra del espíritu que impulsa Bruselas. Los licitadores “se enfrentan a múltiples y diferentes requisitos (formales y técnicos) dependiendo de la localización geográfica”, dice el documento.

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