Brasil analiza cómo fortalecer el control interno para evitar el despilfarro

Nepotismo, evolución del patrimonio incompatible con el salario de un servidor público, fraude y desvío de los recursos de los contribuyentes: en teoría, tales problemas, bien conocidos entre los que viven en América Latina, pueden evitarse, rastrearse y ser castigados con sistemas fuertes y eficientes de controles internos.

Pero en realidad, aunque sean compatibles con las mejores prácticas internacionales, estos sistemas están sujetos a deficiencias y desigualdades en su implementación, lo que abre la puerta a irregularidades, fraude y despilfarro de fondos públicos. En una sola palabra: corrupción. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos, mientras que se roban otros 2,6 billones; todo debido a la corrupción, según las Naciones Unidas. Y en tiempos de pandemia es más importante que nunca poner freno a este flagelo.

En Brasil, por ejemplo, un nuevo informe del Banco Mundial y el Consejo Nacional de Control Interno (Conaci) encontró enormes diferencias en el nivel de implementación de los controles internos en los estados y municipios brasileños. “Eso implica un desperdicio de recursos públicos y, en la mayoría de las veces, en la mala calidad de los servicios prestados a la población”, explica Susana Amaral, especialista senior en gestión financiera del Banco Mundial. El desempeño tiende a ser mejor en los estados con mayores ingresos e índices de desarrollo humano (IDH).

“El estudio demuestra la necesidad de reestructurar el sistema de control interno no solo para cumplir con el marco jurídico, que en el caso del Brasil está bien desarrollado y se adhiere en gran medida a las normas internacionales. Pero, sobre todo, es importante fortalecerlo en todas las áreas y funciones para que cumpla su objetivo de corregir y guiar la implementación de programas gubernamentales con el fin de ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos”, agrega Amaral.

Para comprender mejor los resultados del estudio, es importante saber qué son y para qué sirven los sistemas e instituciones de control interno.

El control interno es el conjunto de prácticas de supervisión destinadas a garantizar que los gestores y servidores cumplan las normas de la administración pública y de políticas públicas, para evitar errores, irregularidades, fraudes y despilfarros en la aplicación de los recursos de los contribuyentes.

Existen tres tipos de control interno: el preventivo, que busca evitar desviaciones; el concomitante, que se produce durante la ejecución de una actividad (la obra de una escuela u hospital, por ejemplo); y el correctivo, que tiene como objetivo devolver al Estado los recursos que se utilizaron indebidamente y castigar a los agentes públicos.

Las Unidades Centrales de Control Interno (o UCCI) guían a los gerentes y servidores públicos para supervisar la implementación de los programas gubernamentales. Ellas identifican defectos y sugieren mejoras, ya sea en los aspectos del registro financiero, la contabilidad, entre otros; o en la preparación de contratos y otros documentos. Es muy importante que estas unidades tengan su propio equipo, independencia financiera y manuales de ética para realizar sus tareas de control. Además, todas las agencias gubernamentales necesitan tener unidades de control interno para aplicar las recomendaciones de las UCCI.

Las instituciones de control interno ayudan a prevenir y combatir la corrupción y a mejorar la calidad del gasto público. También apoyan a las instituciones de control externo, como el tribunal de cuentas federal, de los estados o de los municipios. Estos organismos supervisan y orientan a todos los demás organismos de la administración pública en los procesos de compra, contratación de servicios y terceros, además de proponer soluciones a cuestiones técnicas.

De los 26 Estados brasileños, 22 compartieron sus datos, además del Distrito Federal. Según el estudio, solo ocho tienen instrumentos para regular los conflictos de intereses, lo que puede perjudicar el interés colectivo. Este es el mismo número de estados que todavía no tienen instrumentos para monitorear la evolución del patrimonio de sus agentes públicos.

Otro hallazgo es que no todas las funciones macro de control interno – asuntos internos, ombudsman, integridad y auditoría interna – están bien estructuradas o implementadas en los estados participantes de la investigación. Casi un tercio de los organismos no ejecutan acciones de transparencia y asuntos internos, y aproximadamente una cuarta parte de las instituciones no cumplen la función de promover la integridad.

El documento también analiza datos de 22 de las 26 capitales.

· La evaluación identificó que 19 tienen regulaciones para prohibir la práctica del nepotismo. Por otro lado, solo cuatro de ellas presentan normas sobre conflictos de intereses y siguen la evolución patrimonial de los agentes públicos. Además, casi la mitad de las capitales no regularon satisfactoriamente la Ley Anticorrupción.

· Aunque más del 95% de las UCCI de las capitales se insertan en el primer escalón de la administración pública, aproximadamente el 20% de ellas no tienen acceso irrestricto a la información y a los documentos necesarios para realizar sus actividades.

· Solo en una quinta parte de las capitales, la UCCI participa en la planificación de todas las auditorías realizadas. Y casi un tercio de las UCCI no inicia investigaciones para determinar la responsabilidad en caso de fraude o desviaciones.

El diagnóstico fue presentado a los representantes de los organismos este mes. Los datos por estado y capital se enviarán por separado a cada agencia para guiar la implementación de mejoras.

En un país que alcanzó el puesto 106 (de 180 países) en el Corruption Perceptions Index 2019 (IPC-2019), publicado a principios de 2020 por Transparencia Internacional, estos y otros cambios serán fundamentales para mejorar la calidad de los servicios públicos y ayudar a aumentar la confianza de los brasileños en sus instituciones.

Mariana Kaipper Ceratti es comunicadora en línea del Banco Mundial en Brasil.