Madrid amenaza al Gobierno con “usar todas las vías” si le obliga a subir impuestos

La intención de armonizar los impuestos cedidos a las autonomías sigue causando chispas entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El consejero de Hacienda regional, Javier Fernández-Lasquetty, ha enviado una carta a la ministra del ramo, María Jesús Montero, en la que trasmite el “profundo malestar” causado por el acuerdo entre ERC y el Gobierno “para crear una comisión bilateral, con el expreso motivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid”. A continuación, Fernández-Lasquetty amenaza con presentar un requerimiento de incompetencia y, “en última instancia”, acudir al Tribunal Constitucional contra la medida. “No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid”.

El conflicto no es nuevo. La ministra de Hacienda siempre ha sido una de las más beligerantes hacia la fiscalidad de Madrid. Ya antes de llegar al Ejecutivo, en su etapa como consejera en Andalucía, acusó a la región de la capital de competencia desleal, al ser la única comunidad que bonifica al 100% el impuesto sobre el patrimonio y que a la vez aplica entre las rebajas más generosas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. “Dos impuestos relacionados con la riqueza”, señaló Montero este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Hacienda ya tenía previsto abordar la armonización fiscal ―con el foco puesto en patrimonio y sucesiones y donaciones― en el marco de la reforma de la financiación autonómica prevista para este otoño. La pandemia trastocó los planes, pero la intención del Gobierno sigue sobre la mesa. El cambio pasaría por establecer topes mínimos y máximos para reducir el margen de maniobra de las comunidades, a las que la normativa actualmente otorga plena competencia normativa sobre los impuestos que tienen cedidos.

“Es evidente que el objetivo definido por ustedes va en contra de lo dispuesto en el marco jurídico vigente”, continúa la misiva de Fernández-Lasquetty, en referencia a la ley orgánica de financiación autonómica y la norma que regula la cesión de tributos a la región de la capital. “Lo que ustedes han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid”, señala el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la nación española”.

Acuerdo con ERC

Con la presentación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 el debate volvió a saltar a la palestra con un tono más bronco. ERC registró una propuesta para modificar el impuesto sobre el patrimonio a través de un modelo compartido de bases imponibles entre el Estado y las comunidades que permitiría ingresar la diferencia entre las dos cuotas. Entonces, el Gobierno madrileño acusó sin ambages al Gobierno de estar detrás de esta modificación. Después, la noticia de que esta medida se abordaría al margen de la negociación presupuestaria ―el pacto del grupo independentista con el Ejecutivo central para apoyar las futuras cuentas incluye la creación de un grupo de trabajo para homogeneizar la imposición a los más ricos―, echó más carne al fuego.

“No es solo un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional”, denuncia la misiva que Fernández-Lasquetty ha enviado a Montero. “Asimismo, el hecho de intentar justificar una invasión competencial de esta naturaleza sobre la base de un imaginario dumping fiscal que, en realidad, no existe, evidencia, aún con más fuerza, el sinsentido de esta medida. Usted misma reconocía recientemente en una entrevista que no es correcto hablar de dumping. No puede existir dumping fiscal ni competencia desleal cuando las reglas del juego son idénticas para todos”, añade.

En una reciente entrevista con este periódico, Montero admitió que el empleo del término dumping fiscal no es “del todo correcto” y reconoció que es bueno que las autonomías desarrollen su sistema fiscal. “Pero sin que se produzcan injusticias, que en vez de converger los territorios se produzcan mayores divergencias. Toda esta situación se puede corregir estableciendo una armonización fiscal”, defendió.