Muchas dudas y más impuestos

El esperado Plan Presupuestario del Reino de España para 2021, que el Gobierno remitió a Bruselas la pasada semana, nos ha permitido constatar las previsiones de crecimiento económico para el próximo año de más del 7,2%, que por otra parte son la mayor garantía de una recaudación tributaria que nos permita acercarnos en un futuro no demasiado lejano a la nunca alcanzada obligación de llegar al equilibrio presupuestario que propugna el artículo 135 de la Constitución.

En ese mismo lado, el de los ingresos, también constatamos los primeros 27.000 millones del Plan Next Generation EU que formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado de este año, y que por sí solos ya superan en casi un cincuenta por cierto los fondos europeos que como país hemos ejecutado desde 2014, convirtiéndose ―su aplicación― en el verdadero reto que tendremos que atender para poder sumar, gracias a ellos, otros 2,6 puntos de PIB, y convertir a estos Presupuestos en los más expansivos de nuestra historia.

Pero a apenas unas semanas de que el Proyecto de Ley de Presupuestos entre en el Congreso, el Plan Presupuestario mantiene muchas incógnitas que se irán desgranando en los próximos Consejos de Ministros y que a buen seguro dependerá de las negociaciones con los grupos parlamentarios.

Solo sabemos que los ingresos crecerán un total de 33.500 millones de euros por el rebote en parte de la economía ―a reserva de nuevos brotes― de los que casi 7.000 obedecerán a subidas de impuestos.

De esa cantidad, unos 1.800 millones ―cifra excesivamente posibilista― se corresponden con el establecimiento de dos impuestos ya aprobados y publicados en el BOE, el digital y el que recae sobre transacciones financieras, que nacen heridos, por la falta de acuerdo en la OCDE y las amenazas arancelarias en el primero, y por las distorsiones económicas que el segundo puede causar y que cada mes, en los márgenes del Ecofin, se discute por los ministros que forman parte de un procedimiento de cooperación reforzada que apenas avanza desde hace ya demasiados años.

Otros 1.800 con la fiscalidad verde, de la que solo se confirma, en el Plan Presupuestario, la futura aprobación del impuesto sobre envases plásticos de un solo uso. A ellos parece que acompañará una gradual aproximación de la fiscalidad del gasóleo y la gasolina, que podría aportar más de 250 por cada céntimo de subida de los impuestos del primero, al tiempo que se dice mejorar la calidad del aire. Entiendo que, si no queremos vernos rodeados de chalecos amarillos, esta subida será de apenas tres céntimos de los trece que separan ambos carburantes, y que el resto de esta nueva fiscalidad vendrá de la mano de otros recursos sobre residuos, vertidos o emisiones, que, por otra parte, obligarán a compensar a las comunidades autónomas que ya han ocupado este espacio fiscal con sus tributos propios.

Un tercer bloque se corresponde con los ingresos que resultarán de los instrumentos normativos para la lucha contra el fraude. Desde esta semana el Congreso ya está discutiendo un conjunto de medidas cuya valoración debe ser positiva como la reducción del uso de efectivo, la reducción de recargos y sanciones por regularizaciones voluntarias o extemporáneas o la sanción al software de doble uso. A ellos se une la utilización del valor de referencia de mercado fijado por el catastro como base imponible de los impuestos patrimoniales que gravan los inmuebles, que, al tiempo de vaciar de litigios las actuaciones de las administraciones autonómicas, les servirá como elemento determinante para incrementar la recaudación de sus impuestos.

Pero de todo el plan, lo más llamativo es que una tercera parte de la subida impositiva se esconde bajo la genérica referencia al “impacto por las medidas en el ámbito de la imposición directa e indirecta”, que es tanto como pedir que estemos atentos a que impuestos subirán cuando lo decida y acuerde el Gobierno con quien corresponda. En este paquete parecen incluirse una subida para los mal llamados ricos, vía tipos y minoración de las aportaciones a planes de pensiones, desalentadoras del talento y del ahorro, o algún ajuste en materia del impuesto sobre sociedades, que ahora lo que necesitaría es de estabilidad para no ahuyentar el emprendimiento. Del lado del IVA, además de la normalización del tipo de bebidas azucaradas y edulcoradas, en que se trabaja desde hace años, el resto de informaciones publicadas en prensa, como las referidas a actividades sanitarias o educativas privadas, no deberían incluirse en Presupuestos de forma precipitada, pues su efecto neteado con el incremento de gasto público podría darnos resultados muy negativos. Es por ello, por lo que las medidas de este bloque requerían, a mi juicio, una profunda reflexión y consenso colectivo, pues deben sentar parte del futuro de nuestra fiscalidad.

Alberto García Valera es socio director de EY en Andalucía y exdirector general de Tributos del Ministerio de Hacienda.