El Estado aportará 14.000 millones más para cubrir parte del déficit de pensiones

El Gobierno ha esbozado en el Plan Presupuestario enviado el jueves a Bruselas parte de la reforma de las pensiones que tiene en mente: pagar con impuestos gastos que ahora sufragan las cotizaciones. Ha detallado que en 2021 la Seguridad Social recibirá de Hacienda 13.929 millones adicionales para ayudas de “naturaleza no contributiva”. Esa transferencia financiará las prestaciones por nacimiento de hijos (2.950 millones) o las tarifas planas para estimular el empleo (1.800 millones). También incluye los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, que nunca se han pagado con cuotas desde su creación el pasado mayo.

La Seguridad Social registrará este año un agujero récord en sus cuentas, unos 45.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 4,1% del PIB. Ese déficit, que añade más presión a la reforma de las pensiones, que no acaba de echar a andar, se reducirá en 2021 y lo hará, sobre todo, por esa transferencia de 14.000 millones que recibirá para esos gastos que el documento enviado a las autoridades europeas define como de “naturaleza no contributiva”, aunque legalmente aún lo son.

Puede que pronto dejen de serlo, porque sobre la mesa del Pacto de Toledo está, hace ya cuatro años largos, esa redefinición de algunos gastos que ahora se pagan con cotizaciones para que pasen a sufragarse con impuestos. El Pacto de Toledo parece estar a punto de acabar su tarea y emitir sus recomendaciones: diversas fuentes hablan de este mes o comienzos del que viene. De ahí que el Ministerio de Seguridad Social haya comenzado a verse con sindicatos y empresarios, también con autónomos, para concretar en textos legales las conclusiones que cierre esta comisión parlamentaria.

En uno de los últimos borradores se ve que las recomendaciones en la misma línea que el Plan Presupuestario: “Las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social”, escriben los diputados. Y a partir de ahí, enuncian conceptos que aparecen en el Plan Presupuestario.

En su última comparecencia ante esta comisión en septiembre, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuantificó a cuánto ascendían algunos de esos “gastos no contributivos”: prestaciones por nacimiento de hijos (2.953 millones), reducciones en las cotizaciones para estimular el empleo (1.818 millones), complemento por maternidad para las mujeres que han tenido hijos (1.082 millones)... Entonces anticipó que su intención era iniciar este camino pronto, ya en 2021.

Parte de estos detalles se dejan ver en el Plan Presupuestario y así lo confirman los Ministerios de Hacienda y Seguridad Social. Ambos admiten que las cuentas de 2021 recogerán una transferencia que pagará con impuestos las prestaciones por paternidad y maternidad o los descuentos en cotizaciones.

Casi 18.400 millones para la Seguridad Social

Ese trasvase de recursos pagará, en realidad, más cosas. Ascenderá a 18.396 millones. En esta cantidad, también se incluye el dinero que recibirá el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fogasa. Estos dos órganos, gestionados por el Ministerio de Trabajo, más la Seguridad Social, entendida solo como el sistema de pensiones, forman parte de lo que en la contabilidad del Estado se llama subsector de la Seguridad Social, que llegará a ese récord de déficit de un 4,1% del PIB.

Con la transferencia, el Gobierno prevé reducir el déficit en parte: hasta el 1,3% del PIB. Y la inmensa mayoría de ese dinero es la que se dirigirá al sistema de pensiones: esos casi 14.000 millones. Se añadirá a las que ya recibe el instituto público para pagar las pensiones no contributivas (más de 2.500 millones) o los complementos para las pensiones mínimas contributivas (más de 7.500 millones).

La cantidad adicional que recibirá el sistema de pensiones en 2021 puede parecer grande, pero será insuficiente para cerrar su agujero financiero. Escrivá expuso en el Congreso que su previsión de déficit para 2023 sería de más de 20.000 millones sin estas aportaciones. Es decir, todavía deberán crecer más las transferencias si se quiere cerrar el desfase sin bajar gastos. La factura de personal y funcionamiento es otra partida de gasto candidata a ser sufragada con impuestos.

La profundización en la separación de fuentes de financiación —el nombre de este proceso por el que cada vez las cotizaciones financian menos prestaciones y se van centrando en las de jubilación e invalidez (también viudedad, aunque esto también genera debate)— se inició a finales de la década de 1980. Comenzó por pagar la Sanidad púbica con impuestos. Escrivá defiende este camino porque, afirma, evita la controversia —y titulares de prensa— sobre la quiebra de la Seguridad Social. También lo hace la Autoridad Fiscal, el organismo que él presidía antes de entrar en el Gobierno.

No obstante, llevar gasto de un lado a otro no lo elimina. Dicho de otra forma: los números rojos de la Seguridad Social por esta vía se reflejarán en el déficit agregado del Estado y no en el sistema de pensiones.