La Justicia condena a 131 controladores aéreos en Madrid por el caos aéreo de 2010 y absuelve a César Cabo

La sentencia contempla el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados

Un controlador aéreo de Enaire
Un controlador aéreo de EnaireENAIRE / Europa Press

El caos aéreo de diciembre de 2010 ya tiene sentencia. El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón por una huelga encubierta, que provocó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declarase por primera vez en España el estado de alarma durante 43 días. Así consta en el fallo, que se ha hecho público este jueves, en el que la magistrada Margarita Valcarce condena a los acusados como responsables en concepto de autores de un delito de abandono de servicio público. Contra la resolución, cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid.

Los hechos ocurrieron el 3 y 4 de diciembre de 2010, que fueron unos días de infarto. El plante colectivo de los controladores en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales dictada por el Ejecutivo provocó la anulación de 5.000 vuelos, con 700.000 afectados en pleno puente. El conflicto se zanjó con el estado de alarma y sometiendo a las torres y centros de control a la tutela militar.

Durante el juicio, 119 acusados pactaron con el fiscal al reconocer que abandonaron sus puestos de trabajo. Tras el acuerdo, seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros, y seis más, a 10 meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros. Dos de los procesados, entre ellos el exportavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, que fue la cara visible y la voz del colectivo aquellos días, han sido absueltos. En concreto, Cabo ha sido exonerado por ausencia de pruebas en su contra.

Además, la magistrada condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con la entidad pública Enaire (antes Aena) como responsable civil subsidiaria, la cantidad de 13.076.981,62 de euros. El fallo contempla la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Durante el juicio, el actual portavoz de USCA, Daniel Zamit, aseveró que no se hizo ninguna huelga y culpó al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “montar un follón” para justificar la militarización del aeropuerto.

Relato de los hechos

A lo largo del plenario, la magistrada ha concluido que, en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral: “Consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la junta directiva y delegados sindicales del sindicato USCA”, explica en el fallo.

En el acto del juicio “119 reconocieron haber participado en los hechos contenidos en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público”. En el escrito del fiscal se recogía que la junta directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre Aena y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea.

“Entre las 17.00 y las 17.15 (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. La presentación del formulario obligaba, según la citada Ley y el protocolo existente, a la dirección de Aena a la sustitución inmediata de dicho controlador”.

119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica. Y aunque el resto no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquellos que presentaron el formulario y los que no. “Las manifestaciones vertidas por los acusados en el plenario fueron desmentidas tajantemente con las declaraciones de los distintos testigos que depusieron en el plenario, quienes relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre del año 2010, tanto en Torrejón, como en la Torre del aeropuerto de Barajas, así como con la prueba documental, pericial y audición de las grabaciones en juicio”, señala el fallo.

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