El exportavoz de los controladores apunta que el cierre del espacio aéreo en 2010 fue innecesario

César Cabo, exportavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), ha rechazado este miércoles que el cierre del espacio aéreo en 2010 se debiera a la ausencia de controladores en sus puestos. "A lo mejor no estaba al 100%, pero había gente para que siguieran volando los aviones", ha declarado en la vista oral del juicio contra 133 controladores aéreos en Madrid.

El que fuera cara visible del colectivo cuando se produjo el caos aéreo en el puente de la Constitución en 2010 (afectó a más de 700.000 pasajeros), ha sido uno de los controladores que han declarado en la vista. En su defensa, ha criticado al socialista José Blanco, entonces ministro de Fomento: "Hizo una campaña contra los controladores. Vas a medios y te atacan periodistas y te insultan por la calle por ganar dinero".

El juicio se ha retomado este miércoles con el testimonio del resto de los acusados que no han pactado con la fiscal (de los 133 procesados, 119 llegaron a un acuerdo). Los acusados se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros y una inhabilitación de un año por un delito de abandono de servicio público que habrían cometido el fin de semana del 3 al 5 de diciembre de 2010.

Cabo, que estaba de vacaciones en esas fechas según ha declarado a la magistrada Margarita Valcarce, ha explicado que la mañana del 3 de diciembre recibió una llamada de otro portavoz del sindicato, Daniel Zamit, en la que le pedía asistir a una rueda de prensa esa misma tarde para exponer la posición del sindicato sobre el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros que afectaba al cómputo de la jornada de los controladores.

El exportavoz de USCA, sin embargo, ha negado su presencia en la reunión de los controladores en el Hotel Auditórium de Madrid para celebrar una asamblea extraordinaria. De hecho, ha asegurado que tuvo "un ataque de ansiedad" esa noche, cuando recibió entre 300 y 400 llamadas telefónicas.

El que fuera secretario de comunicación de USCA ha reiterado asimismo que nunca desatendieron sus funciones, en la línea de lo que previamente habían alegado varios de sus compañeros. Sí que han reconocido que comunicaron por escrito una merma en sus capacidades para trabajar tras casi producirse una colisión entre un avión y un helicóptero, aunque siguieron cumpliendo con su labor.

"No estaban en condiciones"

Durante la sesión, también ha intervenido Roberto Huerta, otro de los controladores que no ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Huerta ha refutado que desatendiera sus funciones, a pesar de que aquella tarde del 3 de diciembre sufrió un "incidente muy grave" entre un avión de Iberia y un helicóptero que estuvieron "a un minuto de habérsela pegado".

Aunque el accidente se pudo evitar, el estrés fue tal que horas después rellenó dos formularios: uno para que se tuviera constancia del incidente y otro, de nueva creación, en el que reportaba que, a consecuencia de ello, "no estaba en las condiciones óptimas". Este último documento es precisamente una de las principales pruebas de la Fiscalía.

Así lo recoge en el escrito de acusación, en el que dice que un grupo de 59 controladores (de los 66 que había en el turno), "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica", presentaron a su responsable un documento en el que alegaban una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

Otro de sus compañeros, Eduardo Pérez, se ha referido a los problemas que tuvieron los controladores para entrar a sus respectivos puestos la mañana del 4 de diciembre ante la presencia de la Policía Nacional. "No pude acceder a la hora habitual del relevo, a las ocho. En la rotonda de Torrejón (Madrid) no se puede aparcar, así que nos retiramos a la zona más cercana, un centro comercial. Paramos un momento y alguien nos avisó de que ya habían quitado los coches", ha recordado.

La Fiscalía sostiene por su parte que los controladores llevaron a cabo de forma consciente sus acciones. Los ya conformados han admitido una condena que oscila entre 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes sindicales, y unos 15.000 euros, los 113 restantes.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, precisamente a las negociaciones del convenio. Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un decreto que devolvía a Aena la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.