¿España cumple?

¿Será capaz España de aprovechar al máximo los nuevos fondos del plan de recuperación europea? ¿De beneficiarse enteramente de los 140.000 millones de euros que se le preasignan?

La respuesta depende sobre todo de dos criterios. Uno será la calidad y rapidez de los proyectos que presente: un indicador del mismo es la capacidad de absorción de los fondos estructurales en el pasado. El otro, su grado de cumplimiento de las “recomendaciones específicas” que anualmente le dirige el Consejo, el requerimiento básico para acceder al nuevo flujo fijado por la cumbre del 21 de julio pasado. Veámoslo.

En relación con los demás Estados miembros, España ha cumplido en alto grado esas recomendaciones. Entre 2011 y 2019, las ejecutó con calificación de “progreso sustancial” en un 36% (por un 40% de ejecución “parcial”), diez puntos más que el 26% de Holanda, uno de los Estados más ufanos de su eficacia. Es el cómputo del economista José Moisés Martín.

Coincide otro estudio más amplio, sobre el período 2013-2018, que coloca a España en sexta posición en la clasificación por seriedad en incorporar las indicaciones (con 43, por 51 del mejor país en este aspecto, Reino Unido). Mientras que, por ejemplo, los “frugales” ostentan peores posiciones: Dinamarca (con 38) ocupa el puesto número 11; Holanda (con 37), el 14; Austria (con 33), el 18 y Suecia (31), el 23 (“What drives national implementation of EU policy recommendations”, Konstatntinos Efstathiou y Guntram Wolff, Bruegel, 24/4/2019).

Además, este país ha ido mejorando a lo largo del tiempo, en cuanto al número de recomendaciones recibidas cada año, durante un período con distintos Gobiernos y diferente duración (la más larga, del PP). En 2012 ostentó (con 8 avisos) el peor récord de los 28, en solitario. En 2013 (con 9), compartió el estigma con Eslovenia. En 2014 (con 8) se emparejó a Hungría, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovenia. Y desde entonces ha dejado de figurar en el podio de los farolillos rojos, constata el Parlamento Europeo (“Country-specific recommedations: an overview”, septiembre de 2020).

La mejora de la responsabilidad ex ante de los Gobiernos evita la proliferación de tantos consejos formulados por el Consejo como al principio (aunque se ha producido un deterioro ex post en el máximo grado del cumplimiento del, menor, número de recomendaciones). Y está también bastante extendida entre los 28. Seguramente ha contribuido a ella la variación en el enfoque que el Consejo ha dado a sus recomendaciones, primando el “qué” debe lograr cada Gobierno sobre el “cómo” se las arregla para hacerlo. Pues desde la simplificación del ciclo del Semestre europeo operada en 2015, “imprime mayor énfasis en el objetivo a conseguir dejando amplio margen a la discrecionalidad de las autoridades nacionales en la definición de las medidas para alcanzarlo”, subraya el Parlamento.

Este avance corre el riesgo de desaparecer si Bruselas endurece los requerimientos del Consejo Europeo, les añade otras condiciones de cosecha propia o los desnaturaliza con exámenes excesivamente burocráticos.