Imprescindible Presupuesto

Dependiendo de la gravedad del momento, disponer de un nuevo Presupuesto puede ser conveniente, necesario o imprescindible. Hoy es ineludible, incluso si se retrasa algunas semanas, porque la recesión es máxima y porque una plena tercera prórroga retocada del Presupuesto Montoro de 2018 plasmaría un rompecabezas incoherente, pues su estructura y argamasa responden a otra coyuntura.

Pero, sobre todo, porque la absorción de los 140.000 millones de euros que corresponden a España del fondo europeo de recuperación “no se puede abordar sin unos Presupuestos en España con carácter inmediato”, como alertó con tino Pedro Sánchez. La acusación de que esa afirmación es mentira, lanzada por Pablo Casado, no se sostiene: ni económica, ni jurídica, ni políticamente, ni desde la perspectiva institucional europea.

Algunos la apoyan con una cita parcial de la portavocía de la Comisión, según la cual “la presentación y evaluación de los planes presupuestarios y los de recuperación y resiliencia son dos procesos separados y distintos”. Es obvio. Son dos empeños diferentes. Pero en el nivel europeo, el Marco Financiero Plurianual —programa presupuestario septenal— y el plan de recuperación económica convergen y se entrecruzan, pues este se encuadró y vehiculó desde el primero. Algo similar sucede a nivel nacional.

Porque como indica la misma cita, resulta clave que “los objetivos de cada uno de ellos [plan de recuperación y presupuesto nacional] sean coherentes con el otro”, por ejemplo, en asuntos como los programas verde y digital.

Y, sobre todo, la portavoz aludía explícitamente, en su versión completa y no censurada, a esa “interacción”: “Elementos de los planes” nacionales de recuperación que “se espera que se presenten a la Comisión desde el 15 de octubre al efecto de obtener acceso a la facilidad” europea “deben ser reflejados en iniciativas de reforma e inversión contenidas en los presupuestos nacionales”.

De modo que Bruselas sí establece vínculo entre un presupuesto nuevo, el que se le presenta en el cuarto trimestre en el marco del Semestre Europeo, y las ayudas de 140.000 millones. Son procedimientos distintos, pero vinculados.

En realidad, los reglamentos del plan Marshall europeo aprobado en julio insisten en que los fondos europeos a dispensar deben formar parte de la política presupuestaria nacional y ser coherentes con la política económica europea.

Así que, jurídicamente, defender su completa separación en compartimentos estancos es asegurarse dificultades en la UE, y no solo con los frugales.

Presupuestariamente, postular una prórroga de las cuentas elaboradas hace cuatro años implicaría una tortura, ya que para obtener los subsidios y préstamos habría que acudir a una cascada de decenas de decretos leyes, de inestable tramitación política e incierto futuro.

Institucionalmente, la imposibilidad de pactar un Presupuesto de nueva planta provocaría en Bruselas incógnitas mayores sobre la sostenibilidad de las reformas e inversiones necesarias, pues en gran medida son apuestas plurianuales.

Socavar la idea de un Presupuesto por mero ejercicio opositor, impedir su tramitación desde el filibusterismo o vetar su culminación sin motivos de fuerza abrumadoramente mayor equivale a patriotismo mentecato.