Desencuentros equinocciales de Trabajo y Seguridad Social

Los ministros Escrivá y Díaz han protagonizado ya varias discrepancias ideológicas en el desarrollo de sus responsabilidades

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.Víctor Lerena/EFE

El centro de atención de esta semana en el mundo económico (al margen de la fusión bancaria) se ha centrado en la mesa de negociación para ampliar los ERTE, que continuará el lunes. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, aprovechó la presencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante su Junta Directiva el miércoles para acusar al Gobierno de no dar datos reales y reclamar la ampliación de los ERTE como “la única manera de salir de la crisis”. Eso dijo y el gobernador le respaldó (“van a tener que mantenerse los ERTE un tiempo prolongado y no hay que tener miedo a esa prolongación”). Los sindicatos, por su parte, han pedido seriedad y aunque Unai Sordo, secretario general de CC OO, reconoció la dificultad, su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, no se cortó al pedir al Gobierno seriedad y certidumbre, además de “tener la seguridad de que el conjunto del Gobierno da soporte a las decisiones”.

Es ahí, en esa frase, en donde se encierra (o se abre) el quid de la cuestión: las diferencias entre los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, segregados al comienzo de la legislatura por el reparto de poderes (y quizá con el objetivo perverso de Pedro Sánchez de no dejar toda la cartera en manos de su socio). El caso es que Trabajo quedó en manos de Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida cuyo padre fue secretario general de CC OO de Galicia, y la Seguridad Social (con el añadido de Inclusión y Migraciones) en las de José Luis Escrivá, un tecnócrata sin adscripción política, que, de pertenecer a algo, es a una tendencia socioliberal, alineado con la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Aseguran en sus entornos que la relación personal entre ellos es muy cordial. Son dos de los ministros que trabajan codo con codo en frecuentes reuniones de forma habitual. Sin embargo, en el terreno ideológico ya han protagonizado varios desencuentros, que dentro se ven normales “porque son dos departamentos muy vinculados, lo que provoca que se produzcan debates sobre las orientaciones”. “Mi impresión es que hay menos enfrentamiento de lo que se airea, a cualquier requiebro se le da una importancia desmesurada”, dice una fuente sindical, que reconoce que “no se ven actitudes cainitas como hemos visto no hace mucho tiempo entre liberales y democristianos en un Gobierno monocolor”. No obstante, destaca que se debe a que “se ha adelgazado arteramente el campo de intervención del Ministerio de Trabajo”. Otra fuente colige que todo es fruto de tener bajo sospecha permanente el Gobierno. Fuentes del entorno de Díaz aseguran que hay entendimiento y colaboración y rechazan los desencuentros.

En todo caso, diferencias haylas. En los ERTE, la controversia se centra en los gastos. Díaz, que ha insinuado que Escrivá no tiene cultura de negociar con los agentes sociales, respalda las peticiones de estos, mientras su compañero de gabinete se distancia. Contra él van dirigidos principalmente los ataques de la CEOE sobre la falta de transparencia (que niegan en el departamento) y de los sindicatos (como el comunicado de UGT: “la cerrazón de Seguridad Social que impide que se pueda cerrar un acuerdo amplio y beneficioso”). El principal escollo radica en las exoneraciones que los agentes son partidarios de que se distribuyan directamente a las empresas y Escrivá prefiere que sean sectoriales.

A esa disputa de los ERTE se suma la surgida sobre las jubilaciones. Escrivá manifestó que había que prolongar la vida laboral y retrasar la jubilación efectiva, ahora en 64,6 años, endureciendo la jubilación anticipada y fomentado la demorada. No tardó Díaz en replicar que no le parece el camino correcto porque, a su juicio, “entorpece la capacidad de incorporar a los jóvenes al mercado laboral”. “Nuestro análisis no valida ese diagnóstico, hay que mirar a largo plazo, estamos hablando de 25 años en adelante y ahí de verdad caerán las personas en edad de trabajar”, contestó el ministro.

Otra polémica está en el ingreso mínimo vital (IMV). Trabajo ha mostrado ser partidario de acelerar las peticiones y que se concedan ayudas de forma automática. Escrivá ha dicho que, de ser así, se darían a algunos que no lo necesitasen y se dispararía el gasto. A ello se unió unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que afirmó que la gestión del IMV es inaceptable. Según Escrivá, no solo no es inaceptable, sino que es un éxito. Los datos indican que de los 900.000 expedientes recibidos, se han tramitado un tercio y se han concedido 86.000.

LOS CORROS

El salto oriental de Sánchez Galán. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ya tiene otra plataforma en la que desplegar sus ansias renovables tras su entrada en Japón. El grupo energético acaba de comprar allí la firma Acacia Renewables al fondo australiano GIG. La empresa adquirida cuenta con dos parques eólicos marinos en desarrollo y otros cuatro en cartera, con una capacidad de 2,1 gigavatios (GW). Esto da impulso a la compañía española para ampliar su expansión al mercado oriental, que no tenía precisamente en sus preferencias confesadas.

La patronal eléctrica pide más facilidades para invertir. Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec, ha reclamado la ampliación del límite de inversión en distribución eléctrica, adaptándolo a la nueva realidad del PIB previsto y, en concreto, en digitalización o protección del medio ambiente. Para Serrano es fundamental para acometer el proceso de descarbonización y aumentar el grado de electrificación de la sociedad. “Es preciso continuar con la senda de las inversiones previstas, que se corresponden con el destino de los fondos de financiación europeos”.

Imaz y el teletrabajo. Aunque el 74% de españoles cree que puede teletrabajar total o parcialmente, según la Cámara de España, hay quien piensa que el teletrabajo puede ser contraproducente. Como el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que en el Foro Tendencias organizado por EL PAÍS y Kreab, se explayó: “El teletrabajo mata la innovación, el trabajo conjunto, mata el compartir experiencias; ha servido para salir de una situación de crisis brutal, pero necesitamos interactuar y eso no puede ser el futuro”, dijo con su estilo directo que obligó a sus compañeros de mesa redonda (José Aljaro, de Abertis, y Antonio Llardén, de Enagás) a ratificar esa postura, aunque matizando.

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