Es posible y necesaria una recuperación verde de América Latina y el Caribe

La crisis climática en América Latina y el Caribe no desaparecerá. Como la pandemia de la covid-19, el clima afecta en mayor medida a los más vulnerables en la región. Solo en términos de migraciones, podrían ser 17 millones los refugiados climáticos en nuestros países hacia 2050, en áreas donde los sistemas de vida se ven cada vez más comprometidos por el cambio climático. Ambas crisis, la climática y la pandemia, están exacerbando las desigualdades subyacentes y los bajos rendimientos económicos. A medida que avanzamos en la recuperación del coronavirus debemos también reconstruir mejor y prepararnos para la crisis climática que se avecina.

Hoy, la mayoría de las economías de la región enfrentan dos desafíos centrales: recuperarse de una recesión económica severa mientras encaran las transformaciones estructurales necesarias para un crecimiento inclusivo y un desarrollo sustentable que ofrezca a todos vías para salir de la pobreza. Los programas de recuperación de la covid-19 que prioricen la productividad, la inclusión y la resiliencia conducirán a una mayor competitividad e innovación, y a reconstruir la confianza en el Gobierno y las instituciones. Esto preparará a América Latina y el Caribe para combatir el coronavirus y el cambio climático y ayudará a reconstruir el contrato social tan importante para acelerar el alivio de la pobreza y la prosperidad compartida.

La energía y el transporte limpios son sectores clave en la agenda regional para una mejor reconstrucción. Aunque América Latina ya extrae la mayor parte de su electricidad de fuentes renovables, la más importante, la generación hidroeléctrica, es cada vez más vulnerable a las variaciones provocadas por el cambio climático. Será cada vez más difícil expandir esa capacidad para responder a la demanda esperada una vez que pase la crisis actual.

Las energías renovables no tradicionales, eólica y solar en particular, pueden hoy ser competitivas en términos de sus costos en muchos países si se superan las barreras regulatorias y contractuales para su integración en la matriz energética. Las inversiones en eficiencia energética en edificios podrían reducir la huella de carbono y generar muchos empleos de baja calificación para la renovación edilicia. En materia vial, un nuevo enfoque para el transporte público debería ser una alta prioridad. El diseño de ciudades para evitar su expansión y fomentar el desarrollo urbano alrededor de distribuidores de tránsito como paradas de metro y autobús ayudará a reducir la demanda de transporte motorizado y debería ir de la mano con sistemas de transporte rápido y subterráneo accesibles, que incorporen cada vez más vehículos eléctricos.

Bien hechos, la adaptación y el desarrollo de la resistencia al cambio climático pueden generar enormes beneficios económicos, sociales y ambientales, estimulando el crecimiento y el empleo al tiempo que se crea capital natural. Por ejemplo, la inversión en infraestructura de adaptación, como carreteras y viviendas resistentes al clima, puede tener efectos positivos en el empleo en el sector de la construcción y mejorar la situación de más largo plazo en los hogares. Por cada millón de dólares invertido en la construcción, se espera que se creen cerca de 200 puestos de trabajo en Bolivia, 130 en Nicaragua y 120 en Honduras. De acuerdo con un estudio reciente del World Resources Institute y New Climate Economy, pasar a una economía sostenible y de bajas emisiones podría sumar 535.000 millones de dólares adicionales al PIB de Brasil para 2030.

Las alternativas bajas en carbono no tienen por qué comprometer los resultados del desarrollo, la estabilidad macroeconómica o la sostenibilidad de la deuda. Si bien la difícil situación fiscal en la región podría representar un desafío para las iniciativas climáticas, también podría ser un incentivo para reorientar programas que apoyan el uso no sostenible de recursos naturales o modelos intensivos en carbono que encierran a los países en la baja productividad y reducen su competitividad. Redireccionar el estimado de 240 mil millones de dólares en subsidios anuales a los combustibles a nivel regional permitiría hacer inversiones en energía y transporte limpios para llevar a la región a un futuro de bajas emisiones de carbono.

Por esta razón, varios países de la región han puesto el cambio climático y el desarrollo inclusivo y resistente en el centro de sus planes de recuperación de la pandemia. Colombia incluyó el crecimiento limpio (“Producir conservando y conservar produciendo”) y el apoyo a la bioeconomía. Chile anunció ya que el 30% de los recursos adicionales para la inversión pública en el marco de su plan de recuperación (Paso a Paso, Chile se Recupera) se utilizará para proyectos verdes y sostenibles.

El Banco Mundial es un socio en este esfuerzo. Aprobamos 6,6 millones de dólares para financiar la respuesta de emergencia de Dominica, dirigida a mejorar la capacidad del sistema de salud y fortalecer la seguridad alimentaria, tanto para la resistencia al clima como para la recuperación económica inmediata. Apoyamos a Uruguay con fondos por 400 millones de dólares para mitigar el impacto económico y social del brote de la covid-19, al tiempo que se sientan las bases para una recuperación económica sólida y resistente. Esta fue una respuesta crucial a la pandemia, que golpeó a Uruguay en momentos en que una sequía severa afectaba la producción agrícola. En toda nuestra cartera regional hemos unido la inversión para la respuesta y recuperación del coronavirus con el financiamiento que prioriza el desarrollo inclusivo y la resistencia de largo plazo.

Como la pandemia, el cambio climático ha socavado la seguridad pública y la prosperidad en toda la región. Combatir a ambos al mismo tiempo es la clave para reconstruir mejor.

*Carlos Felipe Jaramillo es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe