Superávit estéril

La racionalidad económica del decreto que activa los (14.000 millones de) recursos municipales ociosos, procedentes de los superávits locales embalsados, es indiscutible. En épocas de vacas flacas y urgencias financieras, es indispensable movilizar todos los fondos disponibles.

Resulta escandaloso que el grueso de los aparcados en la hucha municipal sean estériles, no puedan ser usados en estas circunstancias por sus legítimos dueños, los Ayuntamientos. Ni por nadie más.

Lo impiden el artículo 135 de la Constitución (reformado por un Gobierno socialista y que habría que retocar) y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 (elaborada por un Gobierno del PP, e ídem): ambas normas disponen que las Administraciones locales deben observar el equilibrio presupuestario. Usar su superávit se entendería contablemente como incurrir en déficit, prohibido para ellas.

El pacto alcanzado entre el Gobierno y la Federación de Municipios —esta, por una minoría ultrafrágil— despliega una compleja ingeniería financiero-jurídica, destinada a sortear los obstáculos legales a la activación de esas reservas.

Recordemos: cesión municipal voluntaria al Gobierno de 9.000 millones a título de préstamo a 10/15 años; recepción de 5.000 millones como transferencia de este; cómputo de la deuda para la Administración central; libre disponibilidad del total por los municipios al vencimiento; compensaciones para los municipios carentes de superávit.

Compleja, pero útil, por supuesto para el Gobierno, al que le toca la rifa sin apostar. Pero también entraña racionalidad económica para los Ayuntamientos, que mejoran su situación anterior. No hacían nada con su dinero embalsado.

Y en cambio dispondrían ahora de 5.000 millones, entre 2020 y 2021, para ámbitos específicos de actuación como la movilidad sostenible (de peatonalizaciones a transporte público; de movilidad eléctrica a eficiencia energética en instalaciones públicas), cuidados de proximidad (servicios sociales, dependientes, guarderías) y cultura (digitalización de instalaciones culturales y deportivas).

Claro que les sería aún mejor poder disponer de todo, para lo cual resultaría imprescindible otra reforma constitucional exprés (del ya reformado artículo 135). ¿Está la oposición que tanto protesta por esa labor? No parece.

Porque al cabo la racionalidad económica choca con la dinámica política. Algunos hiperventilados propalan que se trata de una “confiscación” o una “expropiación”: es una idiotez, porque acogerse al pacto es del todo voluntario, reza el artículo 3 del real decreto 27-2020. Y los actos de confiscar o expropiar entrañan obligatoriedad, lo contrario de voluntariedad.

Pero choca frontalmente con el legítimo sentimiento identitario de los Ayuntamientos, y con su debida lealtad, en sentido rigorista, al contribuyente local: no se les arranca la propiedad de los recursos, pero sí se les detrae de su (nada fructífera) posesión.

Por eso es clave todo esfuerzo que mejore el acuerdo y lo haga digerible. O en el peor caso, retirar el texto y empezar de nuevo. El Gobierno no debe permitirse una derrota en este asunto. No tanto por el dinero en juego. Ni por orgullo. Sino porque es el preludio de una operación de mayor alcance: el necesario consenso global para orquestar el plan nacional de reformas que permita absorber, no ya 14.000 millones de euros municipales, sino 10 veces más: los 140.000 millones del plan de recuperación económica europea que le corresponden a España.