La Cámara de España reclama una ley de bases para la transición digital y regular el teletrabajo

La Cámara de Comercio de España ha propuesto este lunes una ley de bases de transición y transformación digital como una de las reformas estructurales que tiene que abordar el Gobierno para la economía. En el informe Una iniciativa para la transición digital en la economía española, elaborado por la Comisión de Digitalización del organismo, plantea que debe estar conectada con la agenda europea y situar el proceso de transición entre las prioridades de la agenda política del Gobierno al mismo nivel que la transición ecológica, así como una regulación adecuada del teletrabajo.

Para el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, “la digitalización se ha convertido en un factor esencial para afrontar la crisis y en una de las oportunidades para mejorar el tejido productivo, la competencia y generar empleo”. Palabras que ha subrayado después Carlos López Blanco, presidente de dicha comisión y coordinador del trabajo, “al tratarse de un reto transversal, una ley parece el instrumento más adecuado para poder abordar la iniciativa propuesta”. Según Blanco, la citada ley de bases debe sustentarse en un conjunto de principios rectores que supondrían a su vez la revisión o modificación de leyes más específicas o sectoriales referidas a los ciudadanos, la Administración, el despliegue de las infraestructuras y la equidad en la competencia.

Pese a que el proceso de transición digital debe abordarse de forma conjunta, el informe sugiere priorizar 15 medidas urgentes que deben abordarse en el plazo de un año. El documento, que considera esas actuaciones claves para impulsar la salida de la crisis sanitaria y económica, proyecta un esquema de cuatro ejes: transición transformadora, social, equilibrada y colaborativa.

En el primer apartado, pide un Programa Nacional de Transformación Digital como punto de partida, así como apoyo continuo a las pymes y programas de incentivos fiscales y a las iniciativas para agilizar las Administraciones Públicas con programas electrónicos, despliegue de infraestructuras tecnológicas con un Plan Renove de aplicaciones informáticas, despliegue de redes de telecomunicación para no dejar a nadie atrás, un programa transversal de Seguridad 4.0 y el impulso de la ciberseguridad.

En el campo social, pide una educación más adecuada al mundo digital con una revisión permanente y mejora de las habilidades digitales, garantía de los derechos de las personas en el entorno digital y revisión de los modelos laborales y políticas sociales, un punto este que se considera clave para conseguir una regulación adecuada del teletrabajo, puesto en valor durante la pandemia y que ya ha dado un paso adelante en la operativa de las empresas, tal como ha destacado Bonet.

El informe considera el teletrabajo “como un mecanismo que mejora la productividad, ayuda a la conciliación y apoya una economía sostenible mediante la reducción de las emisiones ligadas al transporte”. A su juicio, “los responsables políticos deben revisar el marco laboral y recoger nuevas fórmulas de empleo que ofrezcan una mejor protección de estos nuevos modelos laborales y las empresas deben actuar para desarrollarlos e incorporarlos”. También implica revisar la actual normativa de gestión del control horario y del derecho a la desconexión digital y las nuevas formas de relación empleador-empleado.

También se insiste en la necesidad de tener una regulación inteligente, con las mismas reglas para todos, así como una fiscalidad justa y equilibrada, armonización legislativa y una reglas de competencia con mayor claridad. Y, en el cuarto eje, la transformación colaborativa, plantea apoyo financiero y de internacionalización en el desarrollo de la innovación y la colaboración público-privada, punto que se ha puesto de manifiesto también durante la crisis y en el que coinciden todos los empresarios.