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Los empresarios confían en que el Gobierno rebaje el parón industrial tras el alud de críticas

Acusan al Ejecutivo de improvisación y falta de profesionalidad por el decreto publicado en la medianoche del domingo

Un trabajador cierra la entrada de una fábrica, el 15 de marzo en Santander. En vídeo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido el nuevo Real Decreto-ley. Foto: EL PAÍS | ATLAS | Vídeo: SOCCRATES IMAGES
Miguel Ángel Noceda

Los dirigentes empresariales confían en que el Gobierno matice algunos puntos del real decreto que paraliza las actividades consideradas no esenciales después de la salida en tromba de las patronales y algunas grandes industrias, que critican que la decisión supone una destrucción del tejido empresarial. Las posibles modificaciones, que afectarían principalmente a los sectores industriales y de construcción, se desarrollarían a través de la posibilidad que deja abierta la norma mediante una orden ministerial. Para el Ejecutivo lo esencial es atajar la pandemia, para lo que hace falta reducir la actividad para evitar contagios.

Improvisación, falta de profesionalidad y de reflexión, lamentable, vergonzoso, sinsentido… Los calificativos, y no precisamente laudatorios, se han sucedido en la boca de los empresarios desde que Pedro Sánchez anunció el sábado la paralización de las actividades no esenciales. Todos coinciden en que lo primordial es vencer la pandemia. Sin embargo, la mayor parte pide que ello no suponga “el desguace de la segunda prioridad, la economía”.

Los empresarios se quejan de que los progresos que se habían hecho con el Ministerio de Industria desaparecieron sin explicación cuando pasaron por La Moncloa. Ello ha motivado que ahora se pueda revisar el real decreto agarrándose al artículo 4, que permite que el Ministerio de Sanidad pueda añadir o quitar aspectos del texto inicial. Las patronales, que hasta hace días mostraban un idilio con el Gobierno, han levantado el hacha. Y no tienen visos de ceder.

La misma noche en que habló Sánchez y tras una reunión telemática de urgencia de su cúpula, CEOE emitió un comunicado en el que destacaba que la medida “va a generar un enorme impacto negativo sin precedentes en la economía española, especialmente en los sectores industriales”. Este lunes, su presidente, Antonio Garamendi, continuó con las descargas, en las que, además de reclamar otras medidas que “eviten el agravamiento de la situación ya dramática”, criticaba el retraso en promulgar la medida (a las 23.45 del domingo) y la imprecisión que, a su juicio, contiene.

La CEOE mantuvo una discrepancia moderada, dejando la dureza a la patronal del sector del metal, Confemetal, que disparó toda una batería de improperios contra el Gobierno, del que dijo que actuaba con “desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española que solo puede ser fruto de la irresponsabilidad y de la más absoluta ignorancia”. Las palabras de esta patronal, que agrupa a 220.000 empresas y 1,5 millones de trabajadores, fueron secundadas el lunes por los empresarios del sector. Alguno, que pide el anonimato, explicó que abrir una empresa de gran consumo energético que se haya cerrado supone un coste de miles de millones de euros, lo que lo hace inviable.

Las grandes empresas de la construcción se remitían el lunes a las declaraciones de Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan. A su juicio, la medida adolece de falta de previsión. “Aparte de que no ha habido preaviso de 48 horas, como suele ser normal, no tiene en cuenta que las obras no se pueden dejar abandonadas de la noche a la mañana, necesitan mantenimiento y vigilancia”, dice Núñez, que protesta de que todos los costes se trasladen a la empresa, “lo que puede derivar en que la crisis de actividad derive en una crisis financiera”.

Una fuente del sector sentencia que el giro del Gobierno se debe al predominio de las tendencias populistas que alienta Podemos. “La medida es un disparate; se pueden hacer más órdenes sanitarias, porque es lo prioritario, pero sin cepillarse al país”, señala otra fuente.

Medidas estructurales

También el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, deja caer la sospecha sobre Podemos: “Sea quien sea el que esté en el Gobierno debe pensar en no cargar contra las empresas”. El empresario catalán enfatiza que lo primero es la salud, pero que después está la defensa del sistema de economía de mercado. Bonet reseña que la medida está planteada “sobre la base de que el empresario es el que lo tiene que aguantar todo”.

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, un sector que ya sufrió el cierre en la primera oleada, subraya que “si no apoyan a los empresarios, los trabajadores se quedan sin empleo” y va más allá: “Me gustaría que Pedro Sánchez tuviera un comité compuesto por CEO [primeros ejecutivos] que le asesoraran para casos como este, gente con experiencia internacional y no se limite al Gobierno y lo que le rodea”.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, afirma que “las medidas claramente priorizan la salud sobre la economía y no es momento de criticar”. “Lo que sí es exigible y urgente es que, recuperada la normalidad, el Gobierno tome medidas estructurales capaces de espolear la generación de empleo y riqueza sin asfixiar el tejido empresarial”, añadió.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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