El Gobierno facilita la cesión gratuita de suelo durante 80 años para alquiler social
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la nueva medida, que busca subir la oferta de vivienda
El Gobierno va a dar este martes un paso para impulsar el alquiler social. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una medida que permite que las Administraciones cedan el uso de suelo público a promotores privados durante 80 años para que estos construyan viviendas y las arrienden a precios asequibles, según un borrador del decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto legal, además, señala que la cesión podrá realizarse sin el pago de un canon por parte de quien recibe el derecho de uso de superficie.
Este es un paso decisivo del Ejecutivo para tratar de alcanzar su objetivo de poner en el mercado al menos 20.000 viviendas con un alquiler asequible en 2030. Las modificaciones afectan tanto al suelo de titularidad de la Administración central como al que es propiedad de autonomías o corporaciones locales. No obstante, también las comunidades deben jugar un papel, ya que son ellas las que tienen las competencias para fijar los precios y las condiciones con las que se podrán cerrar esos acuerdos con los promotores.
Las cesiones de suelo público a promotores privados de viviendas en alquiler por 80 años es un periodo de tiempo más amplio de lo que se barajaba en principio. En el planteamiento inicial se contemplaba que estas operaciones tuvieran un límite de 50 años. Al ampliarse en 30 más, los edificios que se levanten mediante esta fórmula de colaboración público-privada podrán explotarse en arrendamiento durante un periodo de hasta 75 años. Hay otro punto importante en la medida que prevé aprobar el Ejecutivo: el texto deja la puerta abierta a que el acuerdo que regule la cesión del suelo “no se contemple el abono de canon o precio”. Ambos aspectos, decididos tras mantener el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) reuniones con representantes del sector, pretenden hacer más atractiva la entrada de inversores en este tipo de operaciones ya que apuntalan su rentabilidad.
Este es un paso más en la estrategia del Gobierno para impulsar el alquiler frente a la vivienda en propiedad. Hace unas semanas, el Consejo de Ministros ya aprobó la esperada estadística oficial de precios de alquileres, aplazada en dos ocasiones anteriormente. Esta herramienta debía servir para limitar las rentas. No obstante, la pandemia ha llevado al Ejecutivo a aplazar de momento esa medida. La imposición de topes a los alquileres desde la Administración levanta una oposición prácticamente unánime en todo el sector inmobiliario.
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