La pandemia empujará a la pobreza a más de 700.000 personas en España, según Oxfam

Más de 700.000 personas caerán en la pobreza en España, un país sacudido por la pandemia cuyo PIB caerá este año al menos un 9% y cuya tasa de paro que alcanzará el 19%, según los cálculos de la ONG Oxfam Intermón. Este aumento en la desigualdad borrará “de un plumazo” la reducción registrada en los últimos cuatro años, señala el informe Una reconstrucción justa es posible y necesaria. Las personas con menores ingresos perderán, proporcionalmente, ocho veces más renta que las más ricas. Y el grupo de los más pobres -el porcentaje de población que recibe menos del 60% de los ingresos medianos- alcanzará los 10,8 millones de habitantes.

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La organización pronostica que los 700.000 nuevos pobres harán que la tasa de pobreza relativa ascienda al 23,1% de la población, frente al 21,5% registrado antes de la pandemia. Íñigo Macías, coordinador de investigaciones de Oxfam, explica que esa pobreza relativa tiene en cuenta el nivel medio de ingresos, que este año, según las previsiones, bajará de forma considerable.

Además, el informe revela el impacto económico desigual en distintos sectores de la sociedad. “Entre el 18 de marzo y principios de junio, los milmillonarios españoles presentes en la lista Forbes han visto aumentar el valor de su riqueza en más de 19.200 millones de euros. Todos ellos, 23 milmillonarios [de los que 18 son hombres y cinco mujeres] han visto aumentar su riqueza en solo 79 días”, apunta Macías.

En el otro extremo están los colectivos más afectados y que esta pandemia hará que sean aún más vulnerables. Lara Contreras, responsable de investigaciones de la ONG, explica el perfil de los más golpeados por la crisis: “La precariedad tiene rostro de mujer, de personas migrantes y de quienes tienen baja cualificación”. El informe revela que, entre la población migrante, la probabilidad de perder el empleo es un 145% superior que entre los que poseen la nacionalidad española.

En el caso de las mujeres, siete de cada diez salarios mínimos interprofesionales los perciben ellas, por lo que un descalabro en el mercado laboral —ya precarizado— es todavía más fuerte para este colectivo. “Este impacto se ha ido incrementando después de la crisis de 2008, y es el resultado de nuestro mercado laboral y de las malas decisiones que se han tomado”, asegura Contreras. En apenas 22 días, 900.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social por el parón económico. Los sectores más afectados fueron la construcción y la hostelería, en los que el 73% de los afectados corresponde a grupos de cotización bajos, con mayor presencia de mujeres, jóvenes y trabajadores poco cualificados.

Oxfám Intermón ha celebrado que, para paliar los efectos de la crisis entre los más pobres, se haya puesto en marcha el ingreso mínimo vital, cuyo impacto no se ha incluido en el documento por su reciente entrada en vigor. La organización celebra su aprobación sin votos en contra de ningún partido, lo que califica como un “hito histórico”. Sin embargo, recuerda que ese apoyo podría haber sido “mucho más ambicioso y con mayor cobertura”. Contreras añade: “Esperamos que esto sea un primer paso, pero que mejore cuando sea posible. Antes de la covid había cuatro millones de personas en pobreza severa y nosotros hablábamos de acabar con eso. Dejábamos muy claro que un ingreso mínimo vital no debía ser un derecho condicionado, sino uno subjetivo. Hay que simplificar los procedimientos”.

Los datos de pobreza varían entre comunidades autónomas. Las que registran un mayor incremento porcentual son Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña. En términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarán a estar en situación de pobreza, 201.000 más, según Oxfam. Esta última es la la comunidad con un mayor aumento en la desigualdad, seguida por Canarias y Extremadura.

Paliar la crisis

Para reducir las desigualdades y frenar sus efectos negativos sobre la población, Oxfam Intermón propone medidas fiscales tanto extraordinarias como estructurales que supondrían un gasto de al menos 10.000 millones de euros adicionales. Y enfatiza la necesidad de “no volver a dejar atrás” a los mismos trabajadores precarizados que estaban recuperándose tras la pasada crisis.

Entre las propuestas figura un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras “más ambicioso que el que ahora se debate en el Congreso” y que las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable.

Como medidas fiscales estructurales, propone reformar el impuesto de patrimonio para que cumpla su función redistributiva, aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital en el IRPF o eliminar ciertos ajustes extracontables con el objetivo de aumentar el tipo efectivo del impuesto de sociedades, para que sea de al menos el 15% para las grandes empresas.

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