La negociación de Argentina con sus acreedores encalla en el último tramo

Las negociaciones del gobierno argentino con sus acreedores parecen haber llegado a un punto muerto. El principal grupo de bonistas, encabezado por BlackRock, habla incluso de “fracaso”. Las posiciones se habían aproximado en las últimas semanas y ambas partes pronosticaban un acuerdo inminente, pero el miércoles algo se torció. El presidente Alberto Fernández dijo que no entendía la “dureza” de los acreedores y prometió mostrarse “inflexible” en la defensa de los intereses argentinos. Los acreedores, por su parte, expresaron su perplejidad por la negativa gubernamental a aceptar sus últimas propuestas “sensatas y sostenibles”. Lo único seguro en este momento es que el proceso de diálogo para reestructurar la deuda soberana experimentará una nueva prórroga.

Los principales tenedores de bonos argentinos formaron tres grupos. El Gobierno argentino afirma que el principal problema para cerrar un acuerdo es la falta de entendimiento entre esos tres grupos. Los acreedores, sin embargo, aseguran que no hay divergencias sustanciales entre ellos y que es el gobierno quien ha pisado el freno cuando las diferencias eran mínimas. Según un cálculo de Ad Hoc, el mayor grupo de bonistas, al que pertenece BlackRock (el mayor inversor del mundo), solo un 0,3% del Producto Interior Bruto anual (poco más de mil millones de dólares) separa las posiciones del deudor y los acreedores. Según otro de los grupos, Exchange Bondholders, la falta de un acuerdo le cuesta a Argentina 11 millones de dólares diarios en intereses. “No entendemos por qué el gobierno no da el último paso”, dijo un inversor no integrado en ninguno de los tres grandes grupos.

Argentina ya cayó en default, o incumplimiento de pagos en su deuda soberana, el pasado 22 de mayo, cuando no satisfizo un vencimiento por 503 millones de dólares. En realidad, se encontraba en una situación definible como default virtual desde finales del mandato del anterior presidente, Mauricio Macri: la brutal devaluación y el desplome de los mercados registrados en agosto de 2019 hicieron evidente que, tras casi tres años en recesión, el país no podía devolver su deuda en los plazos previstos.

En cuanto Alberto Fernández llegó en diciembre a la Casa Rosada encargó a su joven ministro de Economía, Martín Guzmán, que organizara una negociación rápida para reestructurar la deuda. Esa negociación comenzó en marzo y debía durar un mes. Ahora, Fernández repite que la última reestructuración de este tipo, la de 2005, duró un año, y sugiere que no hay prisa para cerrar un acuerdo.

Aunque algunos analistas admiten que el frenazo en la negociación les resulta incomprensible, casi todos consideran que se trata de una escenificación. Ambas partes estarían mostrándose intransigentes en el último tramo para arañar alguna ventaja. Pero hay riesgos. Para Argentina, seguir sin acceso a los mercados internacionales de crédito cuando la pandemia ha destrozado su ya frágil economía y cuando el dinero se presta casi sin interés tendría efectos muy nocivos. Para los acreedores, dar un portazo, recurrir a los tribunales neoyorquinos (como dice estar sopesando BlackRock) y fiar la resolución del problema a la sentencia de un juez podría resultar contraproducente.