El sector agroalimentario reclama que se le preste atención

La cumbre empresarial que organiza la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha tenido este miércoles como colofón la mesa con el sector agroalimentario con representantes de diversos subsectores. Las empresas reclamaron que se les escuche tanto como a otros grandes sectores. En las diversas intervenciones rechazaron la subida de impuestos, pidieron inversión público-privada y la extensión de los ERTE y no revertir las reforma laboral.

Abrió Tomás Pascual, presidente del Grupo Pascual y de la patronal sectorial FIAB (representa a 30.000 empresas, factura 120.000 millones y supone el 9,2% del PIB), quien subrayó que es importante para el sector que haya flexibilidad laboral y una fiscalidad acompasada. Asimismo, pidió que se sitúe al sector de alimentación y bebidas como motor del conjunto de la economía y, para fomentar y proteger el empleo, que haya ERTE más flexibles que permitan recuperar a los trabajadores garantizando siempre su seguridad. Reclamó medidas de competitividad y sostenibilidad industrial, promoviendo la unidad de mercado y el apoyo a la exportación.

Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes (marca El Pozo), recalcó la importancia de tomar conciencia de la alta competitividad de los mercados exteriores. “La pandemia nos ha permitido ver que el sector es esencial”, dijo Antonio Hernández Callejas, presidente del grupo Ebro. Luego se mostró a favor de una política fiscal justa, pero en contra del ingreso mínimo vital “porque genera clientelismo, la gente necesita un trabajo y no un subsidio o un cheque”.

Ignacio Osborne, presidente del grupo Osborne y del Foro de Marcas Renombradas, recordó que “la empresa es el único ente de la sociedad que genera empleo. El empleo público es necesario, pero se nutre de los impuestos de la empresa privada”. Sin tapujos y tras insistir que “se escuche a los que saben [por las empresas]” comentó: “Antes de sacar tanta legislación debería pensárselo mejor”. Y terminó con otro mensaje: “Aumentar la recaudación no significa subir impuestos, sino que se consigue generando actividad”. José Domingo Ampuero, presidente de Viscofán, ha advertido del peligro que puede traer el teletrabajo porque “se pierde la unidad y el intercambio de pareceres”.

Pedro Barato, presidente de la agrupación agraria Asaja, se quejó de que el sector sufre “demasiadas imposiciones bajo la premisa del cambio climático” para después reclamar que las ayudas europeas lleguen al mundo rural. Añadió que las peticiones del campo son “honestas” e inquirió al Gobierno: “Que nos dejen en paz y nos dejen trabajar”. El veterano dirigente agrario destacó el papel de las empresas sectoriales en la lucha contra el cambio climático y, bajo el lema de “quien descontamina, tiene que cobrar”, planteó que el reparto entre productor agrario, transformador y vendedor sea por tercios.

El representante del sector pesquero, Javier Garat (Cepesca) cerró la jornada con un discurso incisivo que resumió todas las peticiones acumuladas en la cumbre: aparcar ideologías, seguridad jurídica, bajar (o no subir) impuestos, entre ellos el IVA, no derogar la reforma laboral, ayudar al relevo generacional, promoción de productos españoles (en este caso, la pesca). El ejecutivo sanluqueño, que desveló su mala relación con los Ministerios de Trabajo y Sanidad, acabo pidiendo a la distribución que apueste por la flota española.