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Crisis del coronavirus
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El capitalismo de la pospandemia

La Unión no puede seguir dejando en manos de los Estados la cuestión fiscal después de haber adoptado decisiones comunes de tanta envergadura en esta materia

Andreu Missé
FILE PHOTO: An illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), depicts the 2019 Novel Coronavirus
Handout . (Reuters)

Es difícil imaginar cómo será el capitalismo de la pospandemia. La lista de buenos propósitos para corregir los fallos del mercado, las malas prácticas y la inestabilidad, agravados por la pandemia, se alarga cada día. Su cumplimiento es harina de otro costal. El sistema se ha salvado hasta ahora gracias a ingentes cantidades de ayudas públicas de los Estados y las intervenciones de los bancos centrales.

En Europa los planes de rescate nacionales previstos superan los tres billones de euros, las ayudas ya autorizadas por la Comisión Europea en un centenar de decisiones rondan los dos billones y las intervenciones del Banco Central Europeo (BCE) superan un billón de euros.

Determinados países, instituciones y académicos han exigido que estos cuantiosos auxilios, necesarios para salvar empresas, empleos y familias, estén regulados por estrictas condiciones. En Europa, Francia, Dinamarca y Polonia ya han acordado que las empresas con sede en paraísos fiscales no podrán beneficiarse de las ayudas públicas. El Gobierno de España está considerando adoptar medidas similares.

Un reciente informe de Tax Justice Network, organización que propugna la justicia fiscal, revela que la Unión Europea pierde más de 24.000 millones de euros al año por los abusos legales de las empresas estadounidenses que trasladan sus beneficios a Luxemburgo, Holanda, Reino Unido y Suiza. Luxemburgo y Holanda son los mayores causantes de estos quebrantos con 10.800 y 9.000 millones de euros, respectivamente. España pierde más de 2.200 millones de euros de ingresos fiscales anualmente.

Esta situación es insoportable en Europa. La Unión no puede seguir dejando en manos de los Estados la cuestión fiscal después de haber adoptado decisiones comunes de tanta envergadura en esta materia.

El debate sobre las colosales ayudas públicas no ha hecho más que empezar. En un relevante documento Reflections on the health and financial crisis (Reflexiones sobre la salud y la crisis financiera), Jacques de Larosière, ex director general del Fondo Monetario Internacional, señala que una parte sustancial de los créditos y garantías concedidos se convertirán en deudas de las empresas que no podrán ser pagadas al menos en el medio plazo. El resultado es que los Tesoros se convertirán en inversores de capital. En su opinión la cuestión clave es: “¿Qué tipo de accionistas serán? Pasivos y sin voto o inclusivos y dispuestos a desempeñar un papel estratégico a nivel empresarial”. Para este economista, que presidió el Grupo de Alto Nivel sobre la supervisión financiera en Europa, “se trata de elegir entre un retorno al capitalismo liberal o tradicional o un Estado activo que tendría un papel decisivo en la estrategia industrial”.

La prolongación de la crisis exigirá un control más transparente del dinero público y el papel de los Estados será cada vez más relevante. Más pronto que tarde se tomará conciencia de que el dinero público nacional o comunitario es limitado. Resulta lamentable la ausencia de la oposición en la discusión de estas cuestiones. Su energía se agota en el insulto y la descalificación. Poca cosa.

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