La maraña de las ayudas a pymes y autónomos

La pandemia del coronavirus se ha convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en un drama económico que amenaza con borrar del mapa millones de empleos. La artillería pesada que ha sacado el Gobierno para moderar la catástrofe ha metido una presión sin precedentes a los asesores fiscales y laborales, gestores y abogados, que desde la declaración del estado de alarma trabajan a marchas forzadas para interpretar la avalancha de decretos que se van publicando semana tras semana y tramitar las ayudas aprobadas. “Es un sinvivir”, comenta Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales, del Consejo General de Economistas.

La máxima de que la ley llega después de los hechos ha encontrado terreno fértil en la pandemia. Los profesionales fiscales y laborales que atienden a pymes y autónomos reconocen la dificultad de legislar en un momento tan complicado y el trabajo de la Administración, pero no ocultan que algunas normas aprobadas a última hora, junto con la falta de claridad de algunos decretos, crean inseguridad jurídica y no permiten ir a tiro hecho en la solicitud de ayudas y prestaciones.

“Hay clientes con el agua al cuello que llaman todos los días. Pero no puedo decirles ‘no te preocupes’ si no hay un decreto que lo permita”, ejemplifica Pereira. “Son empresas muchas veces sin estructuras administrativas. En algún caso tuve que pedir que esperaran a que leyera el BOE para ver en qué términos se iba a aprobar la norma”.

Mientras tanto, el número de afectados ha alcanzado cotas mastodónticas. El pasado viernes, el Ministerio de Seguridad Social anunció que más de un millón de autónomos habían solicitado la prestación por cese de actividad y que se habían liberado los pagos para 919.000 profesionales. Dos días antes, el presidente Pedro Sánchez admitió que los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de Empleo (ERTE) rozaban los cuatro millones, una cifra tan abultada que ha obligado a trabajar a contra reloj para intentar desatascar los cuellos de botella creados en algunas Administraciones.

El esfuerzo es mayúsculo. Según las estimaciones del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, al menos 6,3 millones de personas serán beneficiarias de algún tipo de prestación, una cantidad que podría aumentar en varios millones con la aprobación del ingreso mínimo vital. “Entendemos que se trata de momento difícil, pero ha habido un problema de interpretación tremenda”, confirma Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). A eso se añaden obstáculos prácticos: muchos no logran entregar a sus asesores la documentación necesaria por el confinamiento. “Es una angustia constante”.

Crisis sin precedentes

Para hacer frente a esta crisis sin precedentes, también las comunidades autónomas —con los recursos volcados en la atención sanitaria— han liberado fondos para proteger las actividades más golpeadas o que más difícil tienen el acceso a las prestaciones estatales. La Generalitat Valenciana ha destinado 6,5 millones de euros a pymes y autónomos del sector turístico; Andalucía inyectará 50 millones a los trabajadores por cuenta propia y Madrid ha sacado ayudas directas para sufragar las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social. El límite está en que las autonomías tienen menos músculo que el Estado: al acabarse la dotación el grifo se corta hasta que se apruebe una nueva ayuda. Además, el criterio de asignación suele ser el orden de llegada.

“Se agotan muy rápido”, confirma Ricardo Perpiñán, secretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios Asefiget. En lo que las comunidades (y los Ayuntamientos) sí han tomado la delantera es en el aplazamiento de los impuestos que tienen cedidos, como sucesiones y donaciones o patrimonio.

El Gobierno central, al contrario, esperó hasta el último momento para aplazar impuestos para autónomos y micropymes. El anuncio llegó la semana pasada, justo un día antes de que acabara el plazo para las domiciliaciones: el Ejecutivo aprobó el diferimiento de las autoliquidaciones del 20 de abril al 20 de mayo para actividades que facturen menos de 600.000 euros.

La medida ha sido aplaudida por las asociaciones de asesores fiscales, pero muchos la creen insuficiente. “Un cliente con un restaurante cerrado no nos puede entregar la documentación, pero debe presentar impuestos porque factura más de 600.000 euros. Lo haremos, pero mal”, lamenta Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget. A las dificultades prácticas se añaden las dudas jurídicas. En marzo, el Gobierno aprobó un aplazamiento de hasta 30.000 euros para actividades con volumen de negocio inferior a los seis millones durante seis meses. Jiménez ahora se pregunta si el correr de los plazos de presentación de impuestos también implica una extensión del aplazamiento. “Entendemos que se va a noviembre, pero esperamos una aclaración”.

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