“Sin condiciones”: un salto revolucionario

El salto es gigantesco. La activación de una línea preventiva de préstamos por 240.000 millones allegados del fondo de rescate permanente o Mecanismo de Estabilidad (Mede), decidida por el Eurogrupo, tiene un componente cuasi revolucionario. Pues no impone condiciones específicas; no aplica a los vulnerables aceite de ricino austeritario; no les exige compromisos con un Memorándum de Entendimiento (MOU) salvaje, como ocurrió con el primer rescate griego.

“El único requerimiento” para acceder al apoyo financiero contra la pandemia será que sus destinatarios “se comprometan” a usarlo para apoyar “la financiación doméstica directa o indirecta de los costes de la sanidad, cura y prevención relacionados” con la pandemia, reza el apartado 16 de la decisión.

Este requisito es muy genérico. Contrasta, desde luego, con lo que desde la Gran Recesión se consideraba como “condicionalidad estricta”, a saber, objetivos más duros y en plazos más acelerados para la reducción del déficit y la deuda públicos.

Lo grandioso del caso es que esa exigencia antecede al Mede. Para poder abordar su creación cubriendo un vacío legal hubo que reformar por la vía rápida hasta el Tratado de Funcionamiento de la UE (el 25 de marzo de 2011): se añadió a su artículo 136 un apartado autorizando a los socios de la moneda única a crear un mecanismo para “salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto”, ordenando que toda ayuda “se supeditará siempre a condiciones estrictas”.

Y el Tratado que creó ese nuevo mecanismo permanente —la reconversión más institucional de la Facilidad de Estabilidad o fondo de rescate temporal activado para Grecia en mayo de 2010—, de 2/2/2012, pero ratificado en otoño, recogía la expresión de “estricta condicionalidad” (que “se especificará”), hasta seis veces (sexto considerando y artículos 3, 12, 13, 14 y 15).

Puede defenderse con solvencia que el requisito genérico es una legítima interpretación amplia de ambos tratados, en vez de la canónica, restrictiva. Y que nada hay más estricto que la realidad —o el peligro— de una Gran Recesión II de origen “externo”, pandémico, que afectaría brutalmente “a todos” los miembros y por el que no se pueden pedir mayores esfuerzos o sacrificios a uno o varios en concreto, como argumenta el Eurogrupo.

Pero ojalá alguien pleitee contra esta decisión ante el Tribunal de la UE, sin que ello la suspenda. Su doctrina sobre los instrumentos del BCE para comprar deuda pública (las OMT y la expansión cuantitativa de Mario Draghi), que grupos ultras alemanes reputaban ilegales, los validó. Los consagró como necesarios para cumplir el fin de la política monetaria en el BCE y su transmisión a todos los socios.

Aquí se validaría una nueva política fiscal en la Unión: desbrozaría el intrincado camino legal posterior hacia la deuda mancomunada, posiblemente sin necesidad de recurrir a una nueva reforma del Tratado. Algo hoy muy arduo por culpa del activismo antieuropeo del populismo ultra.

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