El Constitucional anula el impuesto de plusvalía si supera el beneficio real obtenido por la venta de la vivienda

Nuevo revés al impuesto municipal de plusvalía. El pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional que se cobre este tributo local, que tiene que abonar el vendedor de un inmueble, cuando su importe sea superior al beneficio real obtenido por el contribuyente. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano y que aún no ha sido publicada, deriva de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y admitida a trámite el pasado abril. 

Más información

El Constitucional anula el impuesto de plusvalía si la casa se vende con pérdidas

El Constitucional induce a reformar el impuesto sobre la plusvalía municipal

"Cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad", reza una breve nota publicada este jueves por el alto tribunal, que con su fallo declara inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El impuesto de plusvalía municipal —técnicamente, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)— es un gravamen local que se aplica a la ganancia obtenida por la venta de un inmueble, y que encuentra su naturaleza en el supuesto incremento del valor del terreno. El problema nace cuando la cuota del impuesto absorbe totalmente o casi totalmente la ganancia.

En 2017, el Constitucional ya dictó que este impuesto era inconstitucional si los contribuyentes habían registrado pérdidas en la compraventa del inmueble, al considerar que vulneraba el principio constitucional de "capacidad económica". 

La decisión del alto tribunal conocida este jueves se refiere a una compraventa que había proporcionado al comprador una ganancia de 4.343,67 euros. Descontados los otros gastos, el importe se reducía a 3.473,90 euros, mientras que la plusvalía municipal exigida era de 3.560,02 euros, equivalente un 83,89% de la ganancia y superior al beneficio real. "El juzgado planteaba dos cuestiones: si el impuesto es confiscatorio y dónde está este límite, porque tan confiscatorio es el impuesto que absorbe toda la ganancia [por ejemplo, una ganancia de 10 y un impuesto de 12], como el que se queda gran parte de ella [una ganancia de 10 y un impuesto de 8]", explica José María Salcedo, abogado de Ático Jurídico.

El juzgado madrileño planteaba que podría vulnerar varios principios previstos en el artículo 31 de la Constitución, que prevé que la carga que soportan los contribuyentes tiene que establecerse en función de su capacidad económica, "mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

El juzgado madrileño también planteó si tendrían que considerarse todas las cargas que gravan la transacción o solo el impuesto de plusvalía municipal para determinar si el gravamen es confiscatorio. Es decir, considerar esta carga confiscatoria también cuando la suma de todos los impuestos supere la ganancia. Por ello, planteó que la plusvalía podía ser inconstitucional cuando los tributos a abonar fueran mayores del 50% de la ganancia obtenida, aclara Salcedo, quien añade que habrá que esperar a la publicación de la sentencia del Constitucional, que ya señala que los casos con sentencia firme no se podrán revisar —pero que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones—, para conocer los detalles.