El Consejo de Estado insta al Gobierno a pagar a los bancos y Enagás la deuda por el fiasco del Castor

El Gobierno ya tiene respuesta a cómo debería proceder con la deuda que tiene con los bancos acreedores de los 1.350 millones que costó el Castor, la fallida instalación gasística frente a las costas de Castellón que tuvo que ser clausurada tras registrar centenares de pequeños terremotos. El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, le acaba de decir que tiene que abonar la deuda a los bancos y a Enagás, que ha corrido con los gastos de la hibernación de la instalación, cuanto antes, porque de no hacerlo se arriesga a incurrir en mayores gastos.  

"A juicio de este Consejo de Estado, debe promoverse con premura la correspondiente iniciativa legislativa a fin de evitar perjuicios económicos al Estado a resultas de su retraso -pago de intereses- y de orillar otros eventuales efectos indeseables que pudieren producirse", señalan cinco dictámenes con fecha de junio de 2019 pero hechos públicos recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Los dictámenes corresponden a cada uno de los tres bancos acreedores (Caixabank, Bankia y Santander), a Enagás y a Escal UGS, la compañía controlada en un 66,7% por ACS que construyó la instalación. 

La factura de Castor está muy enredada en los tribunales: los bancos acreedores recurrieron ante el Tribunal Supremo para exigir la devolución del importe ya aportado y además Enagás presentó hace meses una reclamación patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha empleado en el mantenimiento y la seguridad del almacén, que permanece cerrado y en hibernación desde 2013. La factura va engordando y por ahora el Ministerio de Transición Ecológica no ha dicho cómo va a hacerle frente.

El origen de estas discrepancias en forma de cascada de pleitos se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional que a finales de 2017 anuló el real decreto ley con el que el Gobierno de Rajoy diseñó el rescate de la concesión de Castor. Según aquella norma, el coste se repercutía en el recibo del gas de los consumidores durante 30 años y además el Gobierno encomendaba a Enagás el mantenimiento del almacén mientras se decidía si cerrarlo definitivamente. El decreto ley generó dos gastos: unos 80 millones de euros al año de pago a los tres bancos acreedores y entre 8 y 9 millones de euros anuales por mantener la instalación. Tras la sentencia, el Gobierno dejó de pagar esos 80 millones de euros anuales. 

En sus dictámenes, cuyo contenido adelantó el periódico digital La Información, el Consejo de Estado subraya que procede reconocer los pagos a todos los interesados, "con cargo al sistema gasista y no a la Administración General del Estado". La decisión del Consejo de Estado asegura también que ese abono tiene que realizarse precia la "aprobación de la correspondiente norma de rango legal ordinaria", tal y como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia. El Ministerio de Transición Ecológica no se ha pronunciado sobre el contenido de los dictámenes.