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La Fiscalía de Costa Rica investiga sobornos en una obra de FCC

Las pesquisas arrancaron después de que EL PAÍS revelara el presunto esquema de comisiones ilegales de la constructora en Latinoamérica

Varios operarios trabajan en una obra de FCC en Costa Rica. Ampliar foto
Varios operarios trabajan en una obra de FCC en Costa Rica.

La Fiscalía de Costa Rica investiga un presunto delito de soborno transnacional en las obras de remodelación de la carretera nacional tres de este país adjudicadas en 2009 a la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), según fuentes del ministerio público. La firma española ingresó por este proyecto 19,7 millones de euros. Las indagaciones arrancaron el pasado junio después de que la fiscal general costarricense, Emilia Navas, solicitara poner en marcha la maquinaria de las pesquisas tras una información de EL PAÍS.

La noticia revelaba que la Policía de Andorra rastreaba los contratos de la constructora española por pagar comisiones ilegales para conseguir siete obras por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Las indagaciones sobre estas adjudicaciones se encuentran en una fase inicial, de “recolección y análisis de pruebas”, y no hay imputados, según señala la Fiscalía de Costa Rica en una respuesta oficial a este diario. Los investigadores evitan detallar sus movimientos amparándose en la confidencialidad. El inicio de la causa fue adelantado por el periódico costarricense El Observador.

El soborno transnacional está castigado en el Código Penal del país centroamericano de entre cuatro y 12 años de cárcel. FCC ha indicado a este periódico que “no ha recibido ninguna notificación de esa supuesta investigación de la Fiscalía de Costa Rica”. La constructora afirmó en junio que los ejecutivos que suscribieron los contratos abandonaron la compañía y que esta prestará cuanta colaboración le sea requerida por la justicia.

La constructora consiguió los contratos bajo sospecha tras fichar al abogado español Mauricio Cort, un presunto conseguidor de 49 años que fue arrestado en Panamá dos semanas después de la publicación de la información.

El letrado ya fue condenado el pasado año en el país centroamericano a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. Tras contratar a Cort, que cobraba comisiones del 4% por obra adjudicada a FCC y que se embolsó 17,3 millones por sus servicios, la constructora se hizo con el contrato público de 19,7 millones para remodelar la carretera nacional tres de Costa Rica.

Las gestiones del abogado Mauricio Cort también permitieron a FCC conseguir proyectos como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros) de Panamá o el complejo judicial central de Managua (Nicaragua). La firma percibió por este proyecto 13,8 millones de euros.

La Policía de Andorra puso el foco sobre el presunto intermediario al descubrir que sus cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) cobraron fondos millonarios procedentes de constructoras extranjeras.

Tirando del hilo, los investigadores de este pequeño principado blindado hasta 2017 por el secreto bancario advirtieron que una de las sociedades de Cort, Arados del Plata, cobró 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros) por supuestos trabajos de intermediación a favor de FCC.

Aunque los contratos a los que ha tenido acceso este periódico entre Cort y FCC se remontan a 2010, ambas partes ya “habían colaborado antes”, según uno de los documentos que recogen los servicios ahora bajo sospecha.

Cort declinó en junio responder a las preguntas de este periódico. “Por imperio de la ley y en atención al secreto profesional al que estoy obligado, no comento temas profesionales en medios de comunicación ni a terceras personas”, zanjó el letrado.

Los dos informes de la Policía de Andorra que mencionan a FCC y Cort forman parte de la causa Operación Pernambuco. Un juzgado del principado rastrea supuestos sobornos millonarios de Odebrecht a decenas de altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoamérica a cambio de millonarias adjudicaciones de obras.

investigacion@elpais.es

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