Competencia amplía a otras 11 empresas la investigación sobre el cartel de las consultoras
En total se suman 36 compañías sancionadas, entre las que se incluyen Indra, Everis Spain y KPMG Asesores
![E. G. SEVILLANO](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1a5770f7-4134-48f1-b2cc-10fff65197fb.png?auth=7f5bb5835fe8f55cc4459272a50e4f0242d193b87e1b4689846fabb531b06ecc&width=100&height=100&smart=true)
![Sede de la CNMC, en Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/K7AHXSLJUK6EEXQCWYI3V5VYOA.jpg?auth=a91259d19b421a0ff15eda95834d8de537531fc97eceb3324708f736d5a023f9&width=414)
La CNMC ha anunciado este viernes que ha ampliado el expediente sancionador que abrió en febrero por la manipulación y reparto de licitaciones entre las principales consultoras del país. El número de empresas bajo la lupa de Competencia ha pasado de 25 a 36 después de que el pasado mes de julio se realizaran nuevas inspecciones en las sedes de varias compañías que se dedican a los servicios de consultoría. El expediente sancionador investiga las ofertas ficticias que estas compañías habrían presentado para concurrir de forma concertada a licitaciones entre 2009 y 2018.
Entre las empresas investigadas están tres de las cuatro conocidas como las big four del sector de la auditoría —PriceWaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG— y consultoras muy conocidas como Indra y Everis. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha observado “indicios racionales de que han cometido infracciones prohibidas”, que consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para repartirse el mercado de los servicios de consultoría en licitaciones públicas, pero también privadas, “en gran parte del territorio nacional”. Inicialmente eran 25 las empresas contra las que se incoó expediente sancionador. Este viernes se han sumado 11 más, entre ellas KPMG y Everis. En el expediente figuran también directivos de Deloitte, PriceWaterhouseCoopers y Everis, entre otras.
La investigación de la CNMC empezó después de que la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) le enviara las pesquisas que había iniciado acerca de un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica vasca. Funcionarios de AVC y de la Autoridad Catalana de la Competencia registraron las sedes de varias empresas en el País Vasco en enero de 2017 con la asistencia de especialistas informáticos y del cuerpo especializado de la Ertzaintza, la policía vasca. Tras el registro la AVC anunció que se disponía a analizar decenas de contratos del Gobierno vasco, de diputaciones y de ayuntamientos y sus entes dependientes que “podrían haber sido objeto de alteración ilegal”.
La CNMC empezó su investigación poco después y registró las sedes de las consultoras en octubre de 2018. El expediente sancionador, ahora ampliado para incluir a más firmas y más directivos, se abrió en febrero pasado. “Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia”, señaló la CNMC en una nota. Estas prácticas pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
Las big four facturaron en 2018 entre 450 y 762 millones de euros y, aunque la auditoría sigue siendo su negocio principal, el de la consultoría ya representa un tercio de su total de ingresos. La contratación de Indra en 2018 superó los 3.400 millones de euros. El último ejercicio fiscal Everis facturó 1.430 millones de euros. El mercado nacional de los servicios de consultoría movió 13.714 millones de euros el año pasado, según un informe reciente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, que asegura que el sector ingresó un 5,8% más que el año anterior, siguiendo una senda de crecimiento que se inició en 2014.
La CNMC inició en julio otro expediente sancionador a 13 empresas —entre ellas las seis grandes constructoras cotizadas— por supuestamente formar un cartel que se repartía obras de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento. Recientemente multó con 118 millones de euros a 15 compañías por repartirse contratos públicos de obras ferroviarias.
El programa de clemencia de la CNMC permite a las empresas que forman parte de un cartel beneficiarse de la exención del pago de la multa en el caso de que puedan aportar pruebas que permitan a Competencia detectar estas prácticas. Si la investigación ya está iniciada, las compañías que aporten “valor añadido significativo” también podrían ver reducido el importe de la sanción que se les imponga. Así ha sucedido recientemente con Alstom y Siemens, dos licitadoras del cartel del AVE que dieron datos a Competencia. La primera fue eximida de la multa y a la segunda se le redujo en un 45%.
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