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Iberia aprueba el ‘examen de españolidad’ de Fomento que necesita en caso de Brexit salvaje

El presidente de IAG anuncia que todas las autoridades nacionales han aprobado sus planes de contingencia; solo falta el visto bueno de la Comisión Europea

Un avión de Iberia, compañía del grupo IAG, en una imagen de archivo.
Un avión de Iberia, compañía del grupo IAG, en una imagen de archivo.Jaime Villanueva
E. G. S.

Primer escollo superado: España ha reconocido la españolidad de Iberia. Así lo ha anunciado esta mañana Antonio Vázquez, presidente del grupo IAG al que pertenecen tanto Iberia como Vueling, además de British Airways, Aer Lingus y Level. El grupo está así un paso más cerca de confirmar que no perderá su licencia de vuelo en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo.

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Las aerolíneas de IAG tuvieron que presentar en abril sus planes de contingencia a las respectivas autoridades nacionales en España, Irlanda, Francia y Austria. Según ha avanzado este jueves Vázquez durante la junta de accionistas del grupo, todos los reguladores les han confirmado que cumplen la normativa aplicable sobre propiedad y control de la Unión Europea. Ahora la pelota está sobre el tejado de la Comisión Europea, que tendrá que dar el visto bueno definitivo.

La cuestión de la españolidad de Iberia surgió al calor del miedo a un Brexit salvaje. Si este se produjera, la compañía podría incumplir el requisito de contar al menos con un 50,01% de accionariado europeo puesto que los británicos ya no serían comunitarios.

Empezó entonces una cuenta atrás para demostrarlo, bajo la amenaza de que, en caso de no lograrlo, peligraría la licencia de vuelo de la compañía. El primer plazo venció el 11 de abril. Iberia envió su documentación a la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente del Ministerio de Fomento, en la que manifiesta que cumple todos los requisitos para mantener su licencia de operaciones, que en su caso, emite España.

El Reglamento de la UE con las medidas de contingencia en el sector aéreo en caso de Brexit duro exigía que aerolínea presentara a las autoridades españolas un plan que establezca "de manera completa y precisa, las medidas destinadas a cumplir plenamente los requisitos en materia de propiedad y control". Precisamente porque la Comisión Europea tenía dudas con Iberia y Vueling, IAG lleva un tiempo tratando de demostrar que más del 50% de los derechos políticos de Iberia los controla la muy española El Corte Inglés.

La Agencia Estatal de Seguridad Aéra (AESA) ha recibido los planes de contingencia de IAG, los ha analizado y los ha remitido a la Comisión Europea, según ha asegurado una portavoz, que ha rehusado confirmar si les ha dado el visto bueno y en qué términos. "Ahora es la Comisión la que debe pronunciarse", se ha limitado a aclarar.

La compra de los 737 MAX

Vázquez también ha defendido hoy la decisión del grupo aéreo de firmar un acuerdo de intención de compra con Boeing para comprar 200 aviones del modelo 737 MAX, suspendido de operaciones desde mediados de marzo. Ha dicho que son los "más adecuados y los más convenientes" en estos momentos. El pedido es de 200 de estos aparatos para su corto radio y está valorado en 24.000 millones de dólares (21.452 millones de euros). 

Se trata del primer gran contrato -una carta de intención sujeta a un acuerdo formal- que logra el fabricante estadounidense tras la tormenta que se desató sobre este modelo tras sendos accidentes mortales en octubre de 2018 y marzo de 2019 en Indonesia y Etiopía, que llevaron a las grandes aerolíneas a suspender los vuelos operados con estos aparatos y a varios países, entre ellos EE UU y los Estados de la UE, a cerrar su espacio aéreo a este modelo. Todavía no hay fecha de vuelta al servicio de estos aparatos.

"La compra de aviones es un sí o sí en esta compañía", ha asegurado Vázquez respondiendo a las dudas expresadas por algunos de los accionistas durante la junta general de accionistas celebrada hoy en Madrid. 

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Sobre la firma

E. G. S.
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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