España reclama a la UE un esquema para mitigar futuras crisis del euro

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Europa necesita traducir ya en cifras el giro que sus líderes le quieren imprimir. Con el énfasis puesto en la aceleración de plazos, España ha presentado a la Comisión Europea las líneas maestras que defiende para el próximo marco presupuestario de la UE, que entrará en vigor en 2021. Pese a la resistencia de socios clave como Alemania, el Gobierno de Pedro Sánchez reclama un instrumento de financiación para países del euro que prevenga futuras crisis (o, en su caso, amortigüe las primeras consecuencias). En la versión española, este mecanismo no estaría sujeto a ningún tipo de condicionalidad.

Insatisfecho con el nivel de ambición demostrado hasta ahora en la reforma del euro, Sánchez aboga por dar un salto adelante, según un documento de cuatro páginas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto reclama “un instrumento presupuestario para el euro que suponga un verdadero valor añadido con respecto a los ya existentes, con funciones de estabilización”. Es decir, un fondo anticrisis que no constituya una mera réplica del presupuesto europeo para los Estados que comparten moneda, sino que ofrezca un mecanismo al que los países recurran antes de experimentar problemas, precisamente para evitarlos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debatirán estos asuntos en la cumbre europea que arranca este jueves en Bruselas.

A pesar de que la idea no fraguó en la última reunión del Eurogrupo, en la que la ministra de Economía, Nadia Calviño, la defendió con ahínco, el Gobierno cree que el próximo marco presupuestario es una buena ocasión de reactivarla. El texto enviado a Bruselas argumenta que el instrumento —en principio concebido como ayudas a fondo perdido— debe apoyar a los países que entren en una espiral económica adversa. Y esboza una idea bastante rompedora para los halcones de la ortodoxia fiscal: evitar la llamada condicionalidad, que obliga a los países que reciben fondos para inversiones a exhibir credenciales de ortodoxia fiscal y a hacer reformas.

El motivo para rechazar esas exigencias previas —por ejemplo, vincular el dinero a la aplicación de reformas en el mercado de trabajo— es que obstaculizan la llegada de ayuda en el momento clave. “Resulta esencial que el instrumento esté disponible cuando más se necesite”, argumenta el documento. En la tensa reunión de los ministros del euro celebrada la semana pasada ya quedó desterrado, en principio, este elemento de condicionalidad.

La propuesta, enviada el pasado lunes, viene acompañada de una carta dirigida al comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, y firmada por los ministros de Exteriores, Josep Borrell, y de Hacienda, María Jesús Montero. La iniciativa de estabilización se completa con un seguro de desempleo común, al que Alemania se ha resistido tradicionalmente. También Holanda, que capitanea a un grupo de países (entre los que figuran los nórdicos y los bálticos) opuestos de plano a esa posibilidad. El modelo que defiende España consiste en una bolsa de desempleo complementaria a los seguros nacionales que actuaría solo en caso de que un Estado atraviese una crisis, para evitar que la factura del desempleo pese demasiado sobre el gasto.

Jóvenes y género

Fuera de la reforma del euro, el documento del Gobierno incluye otros aspectos relevantes para el próximo marco presupuestario. Sánchez defiende “impulsar decididamente la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”, con elementos como infancia, jóvenes, género y desempleo. La familia socialdemócrata europea, con España como el representante de mayor peso, ha situado la agenda social como prioridad del ciclo europeo que surja de las elecciones del pasado 26 de mayo.

Más matizada resulta la postura respecto a la política agraria común, la joya de la corona del presupuesto comunitario, con casi el 40% de los recursos actuales. El texto defiende que siga siendo “un eje clave” del presupuesto de la UE, pero se abre a alguna pérdida de peso sobre el gasto total. Algo similar ocurre con la política de cohesión, aunque el Ejecutivo no asume explícitamente la rebaja en ninguna de estas dos señas de identidad del proyecto comunitario.

En medio ambiente, un elemento también muy ligado a la reforma de la política agraria, Sánchez sí respalda claramente la propuesta de Bruselas de dedicar al menos uno de cada cuatro euros comunitarios a políticas climáticas.

Con el Reino Unido en retirada, que deja un agujero de unos 10.000 millones de euros anuales en las cuentas comunitarias, y los nuevos desafíos identificados, el Gobierno aboga por elevar la potencia del presupuesto al menos hasta el 1,114% del PIB, como propone el Ejecutivo comunitario. Hoy ronda el 1%.