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COLUMNA i

Viviendas sin derechos

El sistema público inmobiliario implementado en España no se ha fundamentado en los Derechos Humanos sino en el desarrollo de una política para dinamizar la economía

Miembros de la plataforma Stop Desahucios Euskadi, durante una concentración.
Miembros de la plataforma Stop Desahucios Euskadi, durante una concentración. EFE

Esta semana se ha publicado el VIII Informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Se trata de la radiografía más completa de la evolución social de nuestro país que tiene el extraordinario valor de contar con la experiencia de este tipo de investigaciones desde 1955.

El anterior informe (2014) subrayó la transformación social que sufrió este país como consecuencia de la Gran Recesión económica que rompió el contrato social que mantenía la base de la estructura del bienestar. La investigación de este año ha puesto de relieve que “la recuperación económica y del empleo, aún en su versión precaria, ha conseguido reducir la materialidad de la exclusión, pero no la erosión del ámbito de los derechos”. El deterioro de los derechos se ha agravado especialmente en el campo de la vivienda como señala uno de los documentos de trabajo El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los derechos humanos, elaborado por Sonia Olea, Guillem Fernández, Koldo Casla y María José Aldanas.

La idea fundamental de este trabajo es señalar lo alejadas que han estado en España las políticas públicas del derecho a la vivienda y de los Derechos humanos. En nuestro país se han dedicado ingentes recursos públicos a la construcción de viviendas protegidas, que entre 1951 y 2015 ascendieron a 6,3 millones, el 36,8% del total. Pero este extraordinario esfuerzo público no ha impedido que hoy contemos con apenas un 2% de vivienda social, frente al 32% de Holanda; 23% de Austria; 18% en Reino Unido o 17% en Francia.

El Estado realizó un esfuerzo importante en la construcción de viviendas que financiadas con el dinero de todos luego se transformarían en propiedades de algunos. “Durante más de medio siglo la política de vivienda fue realmente una política de privatización dosificada de un servicio público”, señala el informe.

El sistema público de vivienda implementado en nuestro país no se ha fundamentado en los Derechos Humanos sino en el desarrollo de una política inmobiliaria para dinamizar la economía. Aunque ahora la construcción de viviendas protegidas ha caído en picado no se debería repetir el viejo modelo sino en financiar viviendas de alquiler en base a los derechos sociales.

Un reflejo de este rechazo al derecho humano a la vivienda lo hemos visto con la suspensión de leyes autonómicas sobre la función social de la vivienda por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno del Partido Popular. Ha sido el caso de Andalucía y Navarra (2013); Canarias, (2014); Aragón y Euskadi (2015); Murcia, Extremadura y Cataluña (2016) y Valencia (2017). El TC, no obstante, está cambiando últimamente hacia un mayor reconocimiento de la función social de la vivienda. Muy relevante ha sido la sentencia del TC del pasado 28 de febrero, fundamentada en el derecho de la Unión Europea que ha amparado a una familia que iban a desahuciar. Un cambio trascendental y esperanzador.

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