Montero adelanta que Hacienda incluirá el 0,25% adicional a funcionarios en la nómina de julio

Los empleados de las Administraciones Públicas cobrarán en la nómina de julio la parte variable de la subida salarial pactada entre los sindicatos y el anterior Ejecutivo del PP. Se trata de un 0,25% adicional a la subida del 2,25% que ya disfrutan desde enero. Así lo adelantó este martes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante una visita a la delegación de la Agencia Tributaria de Guzmán el Bueno, la sede más grande del fisco en Madrid, para comentar el desarrollo de la campaña de la renta. “Creemos que para la nómina de julio ya se podrá abonar. Espero que no haya ningún inconveniente”, deslizó la ministra.

Esta subida salarial estaba prevista en el acuerdo para la mejora del empleo público suscrito en marzo del año pasado por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos por el que el sueldo de los funcionarios subiría cerca de un 8% entre 2018 y 2021. En el acuerdo se pactó una parte de incremento anual fija y otra variable. Para 2019, se preveía un alza fija del 2,25% más otra variable del 0,25% condicionada a la evolución del PIB. La economía española creció el año pasado un 2,6%, según constató el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra es superior al 2,5% fijado como baremo para activar el complemento variable.

Los sindicatos llevan semanas reclamando al Ejecutivo que haga efectiva la subida al conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones. Los sindicatos (CC OO, UGT, CSIF) calculan que este aumento salarial supondrá un coste de unos 280 millones de euros para las arcas públicas de todas las administraciones.

La ministra también se refirió a la financiación de las autonomías. El Gobierno no puede actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación porque tuvo que prorrogar los Presupuestos de 2018 y no pudo aprobar unos nuevos para este año. Esto supone de facto que las autonomías contarán con unos 6.000 millones menos de lo que realmente les correspondía como anticipo de los recursos que reciben del sistema de financiación.

Por eso, la ministra reconoció este martes que “hay una dificultad objetiva. Todavía no hemos dado con una clave redonda. Lo más importante es que haya Gobierno para tramitar los temas pendientes. Mi intención es actualizar las entregas a cuenta para que las comunidades autónomas que así lo han consignado no hagan ajustes y porque me parece de justicia”, dijo.

Las entregas a cuenta del sistema de financiación se calculan con los impuestos cedidos (50% del IRPF y del IVA y 58% de los especiales) que gestiona el Estado central, de modo que se asigna a las comunidades autónomas el 98% de la previsión de ingresos que hace el Gobierno en los Presupuestos del Estado en curso. Dos años mas tarde, cuando ya esté listo el cierre definitivo de los ingresos, se liquidará con las comunidades. Si la economía ha ido bien y se ha recaudado más de lo previsto el Estado les entregará más dinero, como ha ocurrido en los últimos años. Pero si la actividad flojea y los ingresos se quedan cortos, les exigirá los recursos de más que les adelantó. 

Este mecanismo está regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Así que el Gobierno no puede cambiarlo con un decreto. Debería aprovechar la próxima reforma de la financiación, uno de los mayores desafíos de esta legislatura, para cambiar el funcionamiento de este mecanismo.

Como no se han aprobado los Presupuestos de 2019, se tuvieron que prorrogar los de 2018, las entregas a cuenta son las mismas que el año anterior. Es decir, no se podrán actualizar con las nuevas previsiones de ingresos por no haber cuentas oficialmente aprobadas. 

Pero la ministra en funciones subrayó que su intención es actualizar las entregas a cuenta para que las comunidades que hayan aprobado sus presupuestos regionales de 2019 con esas previsiones no tengan que hacer ningún ajuste. "Es de justicia que las comunidades se beneficien de algo que les corresponde, como es su participación en los tributos".

"Si la ley no está diseñada para poder distinguirla, habrá que tomar nota para que en el futuro esta situación se arregle para siempre y las comunidades autónomas tengan capacidad de disfrutar a tiempo de la mejor fiscalidad que se está teniendo", sentenció la ministra en funciones.

Devolución del IRPF de la baja maternal

Durante su visita al popular edificio situado en la calle de Guzmán el Bueno (Madrid) de Hacienda, Montero ha detallado que más de 734.000 madres y padres han recibido hasta ahora un total de 960 millones de euros por la devolución del IRPF vinculada con los permisos de maternidad y paternidad que disfrutaron entre 2014 y 2017.

Los contribuyentes con derecho a devolución han recibido 1.309 euros de media. En concreto, las madres han recibido de media 2.066 euros y los padres 483 euros.

Respecto a las prestaciones percibidas por funcionarias y mutualistas de previsión social, en esta semana se están completando las comprobaciones de los datos facilitados por los pagadores y se prevé comenzar las devoluciones la semana que viene, no siendo descartable que se puedan iniciar esta misma semana, según la nota difundida por el Ministerio de Hacienda.

Montero ha precisado que la Agencia Tributaria trabaja para tratar de devolver el IRPF de la prestación de maternidad a aquellas mujeres que reclamaron y "en su momento perdieron la sentencia o no la recurrieron".

una solución, "porque no tiene sentido que, aquellas que reclamaron previamente para obtener ese derecho, ahora que se concede globalmente, justo a ellas no se les conceda".

La ministra se ha referido así a las reclamaciones de la Asociación de afectadas por la no devolución del IRPF por maternidad, compuesta por mujeres que solicitaron la devolución de esta retención previamente a la sentencia del Supremo del pasado octubre, que reconoció su exención fiscal, según recoge EFE.

Dicha sentencia aplicaba un carácter retroactivo desde 2014, de forma que aquellas mujeres que presentaron una reclamación con anterioridad —que fueron desestimadas— y prescribieron se quedaron sin percibir la retención realizada.

Una vez conocida la sentencia del Supremo, el Ministerio de Hacienda puso en marcha un mecanismo para reclamar la devolución de los años no prescritos, en el que incluyó también los permisos de paternidad.