En qué consiste la trama de los hidrocarburos tras la puesta en libertad de Aldama

El presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, salió ayer de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Aldama está investigado en la Audiencia Nacional en dos causas y juzgados diferentes. Por un lado, el juez Pedraz le imputa un supuesto fraude de hidrocarburos que le ha mantenido en prisión provisional hasta ayer; y por otro, el juez Ismael Moreno le investiga por el caso Koldo, sobre presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas. Precisamente es a raíz de este último caso por el que el empresario pidió declarar de forma voluntaria, tras afirmar que dio cientos de miles de euros a Ábalos y Koldo García y denunciar otras mordidas a cargos del PSOE, y se ha comprometido a colaborar en todos los procedimientos que tiene abiertos.

Pero es por el caso del fraude de los hidrocarburos por el que Aldama ha quedado en libertad provisional. Aldama fue arrestado tras una operación de Anticorrupción a principios del pasado octubre tras el despliegue de una “importante operación policial” contra una organización criminal que había defraudado 182 millones de euros a Hacienda en dos años. Los investigadores indagaban en una “serie de entramados societarios instrumentales”, utilizados presuntamente para esquivar a la Agencia Tributaria y para blanquear esos fondos posteriormente. El ministerio público admitió la “elevada complejidad” de las pesquisas, ya que la enorme cantidad de dinero que mueven estas tramas les permiten acceder a “diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”. La operación policial en la que se ha visto envuelto Aldama se saldó con 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas en varias provincias españolas: entre otras, Madrid, Salamanca y Cáceres. Pedraz atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

El fraude del IVA en el sector de los carburantes ha crecido de manera exponencial en los últimos años y ya representa alrededor de una cuarta parte del volumen total de venta de combustible que se anota en el país. El funcionamiento de la trama era relativamente sencillo: se basa en la utilización de empresas ficticias que compran combustibles sin pagar el IVA correspondiente y que luego desaparecen antes de que la Agencia Tributaria pueda recaudar el impuesto. El esquema principal operaba mediante una red de empresas intermediarias, que pueden ser nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de combustibles. Estas compañías, generalmente ficticias, realizaban compras de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA. Sin embargo, al vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno, estas compañías emiten facturas con IVA, pero no lo ingresan a las arcas del Estado. Cuando Hacienda detectaba la irregularidad, las empresas ya han desaparecido.

El fraude se nutre de un modelo de empresa pantalla con testaferros, donde una sociedad de corta vida opera durante un periodo muy limitado de tiempo, pero suficiente para realizar unas pocas transacciones de grandes volúmenes de combustible y desaparecer antes de que Hacienda pueda iniciar el proceso de comprobación. Pero, ¿cómo pueden lograr escapar? En un primer momento, mientras está almacenado, el combustible está al amparo del régimen suspensivo, es decir, libre de tributar. Una vez que sale, las operaciones están sujetas a dos gravámenes: los impuestos especiales y el IVA. Sin embargo, mientras que los primeros se pagan a la salida de fábrica o depósito fiscal donde se almacena el producto —por parte de los titulares de dichas instalaciones—, el segundo está exento cuando los compradores mayoristas adquieren el combustible. La idea es que, posteriormente, estos operadores ingresen con sus declaraciones periódicas el IVA devengado en las ventas a las gasolineras. Sin embargo, desaparecen, por lo que esos ingresos nunca llegan a Hacienda.

La Agencia Tributaria no recopila el impacto para Hacienda, pero en sus memorias anuales se pueden ver cada ejercicio varios ejemplos de este tipo de tramas, con cientos de millones de euros de impacto destapados por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 530 millones de euros el fraude destapado por sus agentes desde mediados de 2021 hasta mediados de este año. Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos eleva la sacudida hasta los 1.200 millones anuales, mientras que los últimos datos de la consultora KPMG apuntan a unos volúmenes estimados de ventas de los operadores irregulares de 26.000 millones de euros entre 2013 y 2022 que no habrían pasado por los ojos de Hacienda.

Además del recaudatorio, este tipo de fraude tiene un impacto de competencia desleal en el mercado. Las empresas que participan en el entramado pueden vender carburantes a precios mucho más bajos que las legítimas, ya que no están asumiendo el coste del IVA. Esto pone en desventaja a las compañías que operan de manera legal, las cuales deben enfrentarse a una competencia que puede reducir sus márgenes de beneficio de manera significativa, según denuncian desde el sector. Otro efecto negativo es la vinculación con el crimen organizado, ya que las operaciones fraudulentas suelen estar relacionadas con redes delictivas más amplias que no solo se dedican a la evasión fiscal, sino también al contrabando de combustible y otras actividades ilícitas. Las ganancias obtenidas a través de este fraude suelen ser lavadas y transferidas a paraísos fiscales. Por ejemplo, una trama destapada recientemente por la Agencia Tributaria blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y adquisición de empresas del sector sanitario y hotelero, la restauración y los clubs náuticos.