El Gobierno niega haber recortado días libres a los funcionarios como denuncia CSI-F

El Ministerio de Función Pública y el sindicato CSI-F se enfrentan por cómo se cuentan los días libres de los funcionarios de la Administración central. Denuncia la central de trabajadores públicos que el Gobierno ha cambiado de criterio aplicando un criterio de proporcionalidad al tiempo realmente trabajado durante el año y que eso supone un recorte de derechos. El departamento dirigido por Meritxell Batet niega “categóricamente” esta acusación. Pero la formación que dirige Miguel Borra mantiene su afirmación y amenaza con ir a los tribunales.

La cronología de este choque comienza el pasado 14 de diciembre, cuando la Comisión Superior de Personal emitió un acuerdo que recuerda que para todos los funcionarios se aplica el “criterio sostenido” desde el 29 de febrero de 2008. En el acuerdo de finales del año pasado se admite que hay “diversas dudas” para aplicar ese criterio de hace una década tras los recortes de 2012. Entonces se redujo los días libres de los empleados públicos y, posteriormente, se ha ido volviendo a la situación previa. Los trabajadores públicos tienen derecho a seis días libres, los llamados moscosos, a los que se añaden otros, los canosos, según su antigüedad.

La respuesta a estas dudas es recordar ese criterio de febrero de 2008 que aprobó la citada comisión como desarrollo del Estatuto de Básico de la Función Pública que se había aprobado en abril del año anterior. Aquel acuerdo dice que estos días deben estar vinculados “al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural”. Es decir, si se trabaja medio año, el trabajador tiene derecho a disfrutar de tres días libres y no seis.

Nuevos funcionarios

Pero el acuerdo del pasado diciembre continúa aclarando la situación de los nuevos funcionarios que se acaban de incorporar a la Administración y si el tiempo en que han estado de prácticas es computable para tener derecho a la parte proporcional de esos días libres. En este caso sí que admite la “disparidad de criterios aplicados” en diferentes departamentos. Para aclararlo, apunta: “La figura del funcionario en prácticas no es asimilable a la del funcionario de carrera”. Es decir, no computa ese periodo.

CSI-F señala que sí ha habido un cambio de criterio y que esto procede de una “interpretación cicatera” de la norma. La central de funcionarios señala, además, que esto afecta también a las excedencias de las mujeres que son víctimas de violencia de género o las de quienes las cogen para el cuidado de familiares.

El movimiento de CSI-F provocó ayer una reacción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que rechazó “categóricamente” que hubiera un recorte de “moscosos para el personal al servicio de la Administración General del Estado”. Sobre las víctimas de violencia de género, el comunicado del Ejecutivo decía lamentar “profundamente la manipulación sobre un asunto tan sensible”. Según su explicación, el texto de la Comisión Superior de Personal lo que hace es aclarar qué pasa con los empleados públicos de “nuevo ingreso” y si los periodos como funcionarios en prácticas deben computarse.

CC OO y UGT interpretaban la respuesta de diciembre como el Ejecutivo. “No hay cambio de criterio”, señalaban en CC OO, “se aplica el que viene aplicándose desde 2008”. Lo mismo explicaba UGT. En este sindicato, añadían que el criterio de cómputo proporcional respecto al tiempo realmente trabajado se aplica a los moscosos desde 1992, sería sobre los canosos cuando se sigue la interpretación de 2008, un año después de aprobarse el Estatuto de la Función Pública. “El criterio es viejo, otra cosa es que compartamos”, matizaban estos sindicatos.

Después de esto, CSI-F insistía en que sí hay cambio y en que “esta situación no se daba el año pasado”. La central advertía, además, que si no hay cambio tienen la intención de llegar a los tribunales y pedía la eliminación en el acuerdo de la referencia a las víctimas de violencia de género para evitar la confusión.