Bienestar social, elecciones y territorio

La acumulación de citas electorales en las próximas fechas invita a reflexionar sobre qué referencias utilizan los votantes al determinar sus preferencias. Es fácil imaginar que normalmente optarán por las propuestas electorales que asocian a mayores niveles de bienestar. Más difícil es precisar qué concepto de bienestar es el que identifican los ciudadanos residentes en un territorio determinado y a quién atribuyen la responsabilidad de los logros y límites en su evolución.

En una interpretación restrictiva podría calificarse el bienestar de un territorio como el disfrute generalizado de un nivel suficiente de renta y el acceso a unos niveles básicos de bienes y servicios sociales. Existe consenso en señalar como tales al menos la garantía de rentas, el acceso a una red básica de servicios sanitarios y educativos, una vivienda digna y una red suficiente de servicios sociales. El análisis de las diferencias territoriales de bienestar, sin embargo, no puede limitarse a constatar meramente si se cubren los requisitos mínimos en la dotación de estos servicios, sino también si existen saltos de calidad en los bienes públicos a los que acceden los ciudadanos residentes en distintas regiones.

Los votantes de un territorio, por tanto, pueden comparar los resultados de las políticas de sus gobernantes con los de otras áreas próximas y primar o penalizar a los primeros a través del voto. Por otro lado, la posible existencia de grandes diferencias en parcelas concretas del bienestar social puede quebrar el principio de equidad horizontal característico de las políticas públicas.

Para valorar las diferencias de bienestar actuales entre las comunidades autónomas hay que tener en cuenta las interrelaciones entre el desarrollo y la consolidación de los servicios de bienestar básicos y el proceso de descentralización del Estado, fenómenos que se han producido de forma paralela en España durante las últimas décadas. La singular estructura del sector público español, al convivir la prestación de ciertos servicios por parte de la Administración central con la asunción de responsabilidades en otros por los Gobiernos territoriales plantea varios interrogantes: ¿Existen diferencias territoriales en la dotación de bienes sociales cuando el encargado de su provisión es el Gobierno central? ¿Cómo ha afectado la descentralización de servicios al bienestar de los ciudadanos? ¿A quién asignan estos la responsabilidad de su funcionamiento?

No es posible dar respuesta aquí a todas estas cuestiones, pero sí intentar resumir en algún indicador indirecto el alcance de las diferencias regionales en los niveles de bienestar. Una vía puede ser observar no solo cómo crece la renta en cada territorio, sino también cómo se reparte esta entre los ciudadanos en él residentes, lo que depende de la extensión y la calidad de los bienes y servicios citados. Una solución operativa, ya apuntada en esta tribuna hace algunos meses, pasaría por combinar los indicadores de renta con alguna variable representativa de su reparto. Parece aceptable la premisa de que entre dos regiones con un mismo nivel de renta, pero diferente desigualdad, el bienes­tar será mayor donde esta sea menor.

Cuando así se procede, el panorama territorial resultante muestra una cierta polarización, con dos comunidades con niveles de bienestar superiores en un 30% a la media española (País Vasco y Navarra) y otras dos por debajo del 80% (Extremadura y Canarias). Resulta también interesante observar cómo determinadas regiones no consiguen traducir sus altos niveles de renta media en mayores niveles de bienestar. El caso más representativo es el de la Comunidad de Madrid, que siendo la tercera región con mayor nivel de renta del hogar es también una de las tres comunidades donde mayor es la desigualdad.

Desde una mirada retrospectiva, este patrón presenta algunas diferencias respecto al que existía antes del proceso de consolidación democrática, si bien las distancias respecto a la media de las comunidades en mejor y peor posición no se han modificado sustancialmente. A principios de los años setenta eran País Vasco, Madrid y Cataluña las que encabezaban el ranking, situándose en el extremo opuesto Andalucía, Galicia, las dos Castillas y Extremadura.

Aunque estos resultados no solo dependen de las políticas públicas, sino también de los recursos naturales, la especialización productiva y las diferencias en la estructura demográfica, una parte cada vez más importante de las diferencias territoriales de bienestar social se explica por el distinto diseño y dotación presupuestaria de los bienes y servicios regionales. El hecho de que se mantengan diferencias tan pronunciadas tiene implicaciones políticas relevantes y remite, por tanto, no solo a la actuación de los gobernantes de la Administración central, sino también a la de los gobernantes autonómicos.

Estas diferencias apelan, además, a la revisión del diseño organizativo de esos bienes y servicios sociales. Aunque las diferencias de bienestar entre regiones son inevitables, lo importante es que el sector público asegure a cada ciudadano, con independencia de su lugar de residencia, una serie de prestaciones básicas. Mientras que algunos servicios de bienestar se garantizan mejor desde la proximidad, lo que exige la implicación de las autoridades autonómicas, y es la actuación de estas la que deben valorar los votantes, otros cumplen mejor su finalidad desde un modelo más centralizado, y es a este nivel de Gobierno al que se deben exigir responsabilidades. La variable clave para garantizar la equidad en todo el territorio es la coordinación, que debe concretarse en la adecuada definición de necesidades y en la delimitación de las prestaciones básicas que debe asegurar el sector público. Pero un buen mecanismo de coordinación no puede funcionar adecuadamente si no se aplica el pertinente sistema de control y la exigencia de responsabilidades cuando las decisiones públicas no son las más adecuadas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Uno de los canales preferentes para que esta exigencia se materialice es, sin duda, el legítimo ejercicio del derecho al voto.

Luis Ayala es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos