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Es habitual que en la construcción de políticas industriales, tecnológicas o energéticas se creen dependencias, rezagos e inercias. En el caso de la digitalización, se nos llena la boca describiendo su ubicuidad y posibilidades económicas y sociales. La dinámica de desarrollo político, sin embargo, es la (burocráticamente) habitual en la UE: se marca una agenda común, medible con indicadores, y cada país trata de moverse en torno al promedio. Existe, de hecho, una Agenda Digital europea y una gama de índices para su seguimiento en cada país.

¿Es posible trascender para fijar objetivos propios que lleven a un país como España al grupo que lidera (internacionalmente) avances en digitalización? Puestos a determinar la ambición, mejor fijarla bien alta. Son muchos los ciudadanos que, con vistas a las citas electorales, se preguntan qué más se puede hacer por el empleo, las pensiones, la educación o la salud. Incluso se ha hablado de cómo afrontar el reto de la España “vaciada”. La digitalización ofrece soluciones en todos esos ámbitos. La realidad, sin embargo, es que sobra teoría y falta mucha práctica. Hay también oportunidades.

Los indicadores europeos descubren peculiaridades de este país. Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital (DESI), España se sitúa en el noveno puesto de la UE, por debajo de los países nórdicos o de Francia, Holanda y Estonia, pero por encima de otros como Alemania o Italia.

Estamos en un nivel medio en la mayor parte de indicadores. Algo por encima de la media en conectividad, en uso digital en empresas y comercio electrónico y en servicios públicos digitales. Pero verdaderamente está en puestos de liderazgo europeo en tecnología de radiofrecuencia para logística empresarial, en interacción online entre ciudadanos y servicios públicos y en disponibilidad de datos de forma libre (open data). España es uno de los países con mejor formación en computación y en ingeniería de datos. Hay capital humano. Pero el uso y la incidencia en el cambio en la estructura productiva oscila en la medianía comunitaria. Cambiarlo depende de la voluntad de convertir una estrategia nacional de transformación de capacidades en una prioridad, con la debida inversión y la coherencia de las políticas educativas y de empleo con el desafío digital.

En nuestro país convive una creación de empleo donde la construcción y la educación son, al margen del turismo, los sectores tradicionales de aportación positiva. Sería conveniente continuar canalizando el empleo menos capacitado hacia sectores de baja productividad y, por otro lado, alimentar la competitividad digital con más inversión y estímulo de la demanda, sin perder —por la frontera o por desánimo— a los recursos humanos aquí formados o reciclados en computación, ingeniería y capacidades multidisciplinares. Con una premisa ya demostrada empíricamente: se puede transformar la demanda (más usuarios digitales) desde la oferta (más servicios digitales). Los servicios financieros son un buen ejemplo. La competencia digital no es un tema elitista, es una capacitación social canalizable que debería ser una prioridad política.