Sube un 31% la cifra de mujeres que trabajan a tiempo parcial por cuidar a familiares
Las oficinas públicas de empleo apenas colocan al 2,1% de quienes encuentran empleo, según el INE
Una de las muchas pruebas de que la atención a familiares dependientes (niños, ancianos o enfermos) recae en las mujeres está en el mercado laboral. El 96% de quienes trabajan media jornada para poder desempeñar esta tarea son mujeres. En 2018, este colectivo creció un 28,8%, y llegó a 358.200. Este salto agravó la desigualdad, ya que recayó solo en las mujeres: ellas sumaron 80.900 más (un 31%), mientras la cifra de hombres bajó en 700, según el INE.
Cuando se analiza quién trabaja a tiempo parcial, aparece la explicación directa de buena parte de las discriminaciones de género que se encuentran en el mercado laboral, como la brecha salarial. Las mujeres son la inmensa mayoría entre quienes tienen estos empleos: 2,2 de casi tres millones.
El primer motivo que explica esta gran diferencia es que para ellas hay menos empleos a jornada completa. Más de un millón de mujeres no trabaja más horas porque no encuentra un empleo que se las oferte. Pero la siguiente causa es el desigual reparto del cuidado de los familiares que necesitan atención: niños, mayores o incapacitados. En 2018, 358.200 personas tenían una jornada reducida por esta causa y, en este caso, el predominio femenino se dispara: ellas son 344.800, según un estudio del INE que parte de la encuesta de población activa (EPA).
Esa abrumadora mayoría femenina incluso creció el año pasado. El aumento de este colectivo fue muy acusado en 2018. Creció en 80.000 personas y todo ese aumento, incluso más, recayó sobre mujeres (casi 81.000) porque el número de hombres se redujo.
Buena parte del aumento entre ellas se debe a que tuvieron que reducir su jornada para poder atender a los hijos ya que no podían pagar una guardería o a alguien que se hiciera cargo del trabajo. Un total de 173.100 mujeres, 32.000 más que el año anterior, manifiestan esa causa. De nuevo, los hombres que desempeñan estas labores son muy pocos: solo 3.700 tras menguar en 2.400 en 2018.
Entre los epígrafes con los que el INE segrega los motivos para trabajar a tiempo parcial, hay uno llamado “otros motivos”, en el que no se hace referencia a la situación económica. En este, de nuevo las mujeres vuelven a ser una abrumadora mayoría (146.800 frente a 7.700 hombres). Y su número también creció muy significativamente durante el año pasado: 38.900 más.
Entre los datos, no solo estos muestran la desigualdad de género en el mercado laboral. También se ve en el análisis por ocupaciones, en el que se observa que ellas suelen tener menos responsabilidades y ascensos. El porcentaje de hombres que tienen subordinados a su cargo supera en todas las categorías al de mujeres. Por el contrario, la situación se invierte cuando los empleados no tienen a nadie a su cargo: el 63,1% de hombres son empleados sin trabajadores a su cargo frente al 76,3%.
La estadística de variables de submuestra de la EPA es un análisis que se realiza una vez al año desde 2006. Para hacerlo se realiza una entrevista más extensa a una sexta parte de los encuestados cada trimestre (65.000 viviendas y 160.000 personas).
Poca eficiencia pública
Uno de los resultados habituales de este estudio destaca la escasa eficiencia de las oficinas públicas de empleo a la hora de intermediar en el mercado laboral. Y 2018 no fue ninguna excepción. Apenas un 2,1% de quienes encontraron empleo el año pasado lo hizo a través de este canal. Y eso que el año pasado aumentó algo su protagonismo, del 2% al 2,1%. Son 344.700 personas en un año. El mayor nivel de colocación por esta vía (el 2,4%) se dio entre trabajadores de más de 45 años. El más bajo (el 1,9%), entre los de entre 25 y 44 años.Más papel en la intermediación laboral tienen las empresas de trabajo temporal, que sirvieron de puente entre un parado y una oferta de empleo en el 3,9% de las ocasiones. En total, fueron 626.500 personas quienes se colocaron a través de esta vía. La tasa más elevada se logra entre los más jóvenes (llega al 5,6%) y la más baja, por encima de los 55 años (el 1,9%).
Otro elemento en el que pone el foco esta EPA es en la distribución del empleo por tamaño de empresas. Y, siguiendo la opinión más extendida entre los economistas, trajo buenas noticias. El mayor aumento de puestos de trabajo no se dio entre microempresas con menos de 10 trabajadores en sus plantillas, sino en las cohortes superiores, que suelen ser menos propensas a destruir empleo en épocas malas por tener más capacidad financiera. El incremento más grande se dio entre las compañías que tienen entre 50 y 249 empleados. Pasaron de ocupar a 2,63 millones de personas a casi 2,9 millones, un 9% más que en 2017.
La tasa de paro más baja, entre los sanitarios
La tasa media de paro en 2018 fue del 15,2%, pero este dato, como todas las medias, esconde desigualdades. Una de ellas es la formación. El nivel de desempleo más bajo se da entre quienes han estudiado para trabajar en el sector sanitario y en servicios sociales. Baja hasta el 7,76%, siendo, más baja entre los hombres de esta rama de actividad, el 7,06%, que entre las mujeres, con un 7,96%.
También tienen una tasa muy por debajo de la media quienes tienen formación para trabajar en el sector agrícola, ganadero o en veterinaria, el 8,96%. Junto a estos colectivos, se sitúan por debajo del 10% los que estudiaron tecnologías de la información y comunicación, mecánica, electrónica y otros tipos de formación técnica e industrial.
Por el contrario, las mayores tasas de paro se dan entre quienes, como mucho, alcanzaron un nivel formativo de educación secundaria obligatoria, el 20,2%. En correspondencia con este dato, la tasa de empleo (el porcentaje de personas trabajando de un colectivo) se sitúa en el nivel más bajo, el 37,63%.
Como es lógico, las tasas de empleo son altas entre quienes se han formado para oficios con bajos niveles de paro. Por ejemplo, las tecnologías de la información y la agricultura y veterinaria superan el 75%. Por detrás aparecen los formados para ejercer como sanitarios o en servicios sociales; en ciencias sociales; o en actividades de mecánica, electrónica e industria con tasas superiores al 70%.
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