España y la UE en el caso de Venezuela: entre la prudencia y la urgencia

La autoproclamación de Guaidó, que tomó por sorpresa a pocos, tuvo como marco internacional la Cumbre de Davos. Esto le permitió alcanzar resonancia rápidamente más allá del ámbito regional latinoamericano, en el cual los esfuerzos por impulsar una transición en el país son el principal objetivo del Grupo de Lima.

Con la excepción de México, Bolivia, Cuba y Guatemala, los reconocimientos internacionales del ‘presidente encargado’ se sucedieron con gran rapidez, por lo cual la reacción ‘lenta’ y prudente de la Unión Europea y en especial de España ha sido una de las mayores fuentes de controversia.

La respuesta europea ha sido determinada por la complejidad tanto del escenario político venezolano como de la estructura propia de la UE. El papel de España, por su parte, es aún más controvertido. Todas las miradas se han puesto sobre el presidente Sánchez, en primer lugar, por la evidente relación especial con América Latina y, en segundo lugar, por la estrategia de Sánchez de tomar el liderazgo en la nueva estructura europea post-Brexit, lo que convirtió el caso Venezuela en una prueba de fuego.

Consecuentemente, España se ha decantado por priorizar la consecución de una posición común europea inclinada, por supuesto, al reconocimiento de Guaidó como líder de un proceso de transición. Como es evidente, la relevancia de Venezuela no es la misma para todos los países europeos y ello impidió convocar un Consejo de Política Exterior de forma inmediata, donde además habrá que lidiar con la diferencia de posturas políticas sobre la cuestión.

Ahora bien, la celeridad con la que se reclamó la definición de posturas está reñida con la complejidad de la situación. Abundan los análisis legales sobre la iniciativa de Guaidó y la mayoría de ellos coinciden en que las particularidades de la situación impiden una lectura legal única. Las posibilidades y mecanismos que operan en el caso de la ‘suplencia’ o sustitución del presidente no están reflejadas en un único artículo, sino que se dividen en varias partes del texto constitucional, lo cual requiere que sean interpretadas y por tanto la dificultad del consenso.

Esto se suma a la situación institucional con la proclamada ilegitimidad del actual mandato de Nicolás Maduro y con ello de las instituciones que controla el régimen, frente a la situación de la Asamblea Nacional, declarada en desobediencia por el régimen, pero reconocida internacionalmente como legítima.

La iniciativa de Guaidó cuenta con la unidad de la oposición y la unánime reprobación de las últimas elecciones presidenciales, lo cual genera una situación de vacío de poder legítimo

Dado que no es posible una unidad y claridad sobre el hecho legal, pero vista la gravedad de la situación, impera un criterio de pragmatismo político: atender la legitimidad por encima de la legalidad, pero no en detrimento de la misma. Es decir, entender que en Venezuela urge un cambio, y atender la situación de crisis humanitaria que ha llevado a buena parte de su población a salir del país, la mayoría en condiciones de total vulnerabilidad.

El cambio político es un proceso cuyo primer paso puede ser la proclamación de Guaidó. Este caso, a diferencia de otros intentos de relevo del poder en Venezuela, se diferencia por contar con la unidad de la oposición y la unánime reprobación de las últimas elecciones presidenciales, lo cual genera una situación de vacío de poder legítimo.

Si asistimos al inicio de una transición, la postura europea es acertada en el marco del entorno internacional. Los apoyos internacionales inmediatos fortalecen a Guaidó en el corto plazo, pero lo que hace falta a medio plazo es construir un entorno de legitimidad y la facilitación de la negociación del fin del régimen y la reconstrucción institucional. La postura que buscan consolidar España, Alemania y Francia en el marco común apunta justamente en este sentido. En primer lugar, porque han negado el reconocimiento a Maduro y sí lo han dado a la Asamblea, lo cual consolida un marco institucional de transición y, en especial, porque crea un bloqueo legítimo a la continuidad del régimen.

Al solicitar la convocatoria de elecciones enfatizando la ilegitimidad de Maduro, le obliga a dar un paso en una dirección o en otra, pero que inevitablemente lo llevará a la salida. La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar: no tiene intención de permitir la convocatoria de elecciones, lo cual hace inminente el reconocimiento de Guaidó como líder del proceso de transición. El fin es el mismo, pero el proceso da legitimidad al hecho.

Finalmente, hay que reconocer que Venezuela es un caso de largo plazo. Por un lado, porque la convocatoria de elecciones difícilmente puede hacerse en el curso de un mes o dos, dada la fractura institucional, la falta de información fiable y la necesidad de dotar de garantías al proceso. Guaidó, aunque cuente con respaldo internacional a día de hoy, no puede instalar mesas de votación, ni garantizar seguridad o trasparencia, porque no controla el aparato institucional.

En segundo lugar, si bien ya se han dado los primeros pasos para facilitar la negociación planteando la amnistía a los militares, hace falta un largo camino y mucha mediación para que Maduro desaloje el palacio de Miraflores. Dicho sea de paso, la amnistía es una vía de negociación pero hay delitos que ni la mejor de las voluntades políticas podría o debería dejar en la impunidad.

* Érika Rodríguez es coordinadora de América Latina de la Fundación Alternativas y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid