Los consumidores pagarán hasta 655 millones más por el efecto de la ‘tasa Google’

Los consumidores pagarán entre 515 y 655 millones de euros más por el efecto de la llamada tasa Google, el nuevo impuesto que deberán afrontar empresas de servicios digitales y que trasladarán previsiblemente al precio final de sus productos y servicios. Esta es una de las conclusiones del estudio Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la economía española, elaborado por la consultora PwC por encargo de la patronal de la industria tecnológica española (Ametic) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida como tasa Google, impone un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad y la intermediación online, y la venta de datos de usuarios, siempre sobre empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres millones en España. El alcance del gravamen afectará a firmas como Google, Facebook, Amazon, Airbnb o Uber, así como otras empresas que usen datos. Prevé una recaudación de 1.200 millones de euros. El informe señala que tantos los consumidores particulares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) serán los grandes perjudicados por esa tasa digital, ya que el coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el cliente final. En función de la variación de la cantidad demandada de productos y servicios ante una variación en el precio, una parte del coste lo asumirán los consumidores, a través del precio, y el resto el propio vendedor, como un incremento del coste.

De esta forma, el informe estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Repercusión en el PIB

Esta caída en el beneficio de las empresas españolas tendrá a su vez una repercusión económica negativa de entre 586 y 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.

Los representantes de las asociaciones ponen también en duda la cifra de recaudación que prevé el Gobierno de 1.200 millones. “Es una cifra enormemente ambiciosa que no tiene mucho sentido”, apuntó el director general de Adigital, José Luis Zimmermann, que recordó que según la propuesta de la Comisión Europea, España recaudaría solo unos 600 millones.

Los representantes de ambas asociaciones han abogado por el consenso internacional y europeo en esta materia y ha alertado de que hacerlo en solitario sitúa a España, a sus ciudadanos y sus empresas, en posición de “clara desventaja competitiva” con respecto a otros países del entorno.

“No puede ser que España sea el único que regule por su cuenta cuando las dudas sobre el diseño técnico y la recaudación son tan grandes”, se quejó la directora general de la patronal tecnológica Ametic, María Teresa Gómez

Según PwC, un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y reduce un punto porcentual la tasa de desempleo. “Lastrar el proceso de digitalización con un impuesto digital impedirá estos potenciales beneficios que las tecnologías digitales pueden proporcionar a España en términos de productividad”, indica el informe.

El Gobierno español se ha adelantado a los planes de la Comisión Europea que el pasado mes de marzo presentó una propuesta de directiva para el establecimiento de un impuesto que grave a nivel europeo determinados ingresos digitales. La propuesta de la CE incluye, entre varias opciones, una medida de corto plazo y transitoria, a la espera de un marco definitivo consensuado internacionalmente. La CE ha decidido retrasar su aplicación hasta 2021. Esta medida transitoria consistiría en una tasa del 3% gravadas exclusivamente a entidades cuyos ingresos globales superen los 750 millones de euros en total y 50 millones de dentro de la UE.