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El mayor centro comercial de Europa encalla en Valencia

La Generalitat se dispone a rechazar por segunda vez Intu Mediterráneo, una inversión de 860 millones de euros que no encaja en su modelo económico y ambiental

Vídeo promocional del proyecto de Intu Mediterrani.

El escenario del naufragio del mayor centro comercial proyectado en España y, según sus promotores, en Europa, se extiende a lo largo de un millón de metros cuadrados de pinos, algarrobos y arbustos, en un terreno situado a pocos kilómetros de Valencia. La construcción del complejo Intu Mediterrani, una inversión cifrada en 860 millones de euros, fue rechazada por el Gobierno valenciano en 2016 después de una larga tramitación administrativa. Y la segunda versión del proyecto, presentada en julio, tiene el aspecto de ir a correr la misma suerte.

Sus impulsores reclaman 300 millones de indemnización, por el coste de los terrenos ya adquiridos y la pérdida de futuras ganancias, y denuncian que la Generalitat está desarrollando “normativa ad hoc” para impedir la obra. El Ejecutivo de coalición que preside el socialista Ximo Puig lo niega, pero sus dirigentes, sobre todo los de Compromís, admiten que el macroespacio está en las antípodas de su modelo de comercio y de sostenibilidad ambiental.

Intu es una compañía inmobiliaria británica que cotiza en la Bolsa de Londres y gestiona 20 centros comerciales en Reino Unido. En España es propietaria de otros tres: Puerto Venecia, en Zaragoza; Madrid Xanadú e Intu Asturias. Se dispone a iniciar las obras de un cuarto centro en Torremolinos (Málaga) y planea levantar otro en Vigo (Pontevedra).

Con 375.000 metros cuadrados edificados, el proyecto de Intu Mediterrani en Paterna, Valencia, sería, si llega a construirse, el mayor de todos: 300 locales comerciales, 80 bares y restaurantes, un lago navegable, una pista de hielo y otra de esquí artificial (sin nieve), una noria, un acuario, un rocódromo y, probablemente, un hotel, envueltos por un jardín. La primera versión del proyecto, que el Gobierno autonómico del PP promovió en la anterior legislatura pero no tuvo tiempo de aprobar, era aún mayor: preveía una superficie construida de 500.000 metros cuadrados y contemplaba, además, viviendas, que han desparecido en el plan actual.

Apuesta por el gigantismo

Las dimensiones colosales forman parte de la fórmula que Salvador Arenere, consejero de Intu España, considera idónea para hacer frente al aumento de las ventas por Internet. “El modelo convencional de centro comercial, una caja de zapatos de hormigón, cerrada, con cuevas, sin luz y sin espacio está sufriendo mucho en Estados Unidos, en Reino Unido y aquí. Nosotros vamos a un formato nuevo; hacemos lo que podemos llamar un espacio de ocio y de comercio. Si vas a vivir una experiencia, a pasar un día con la familia, a lo mejor no compras on line”, dice Arenere, quien asegura que Puerto Venecia lleva a Zaragoza a compradores de Lleida, Pamplona, Logroño y Guadalajara.

La empresa calcula que Intu Mediterrani daría trabajo a 5.000 personas una vez abierto, y a otras 3.000 durante su construcción. Diversos dirigentes de la Generalitat, empezando por la vicepresidenta, Mónica Oltra, creen, en cambio, que a medio plazo el macrocentro destruiría un número de empleos superior en el pequeño comercio. Y advierten de que el área metropolitana de Valencia ya presenta una saturación de centros comerciales, como señaló la consultora Aguirre Newman en un informe de 2016. Oltra considera, además, que Intu Mediterrani se parece a otros proyectos de dimensiones desmedidas que proliferaron antes de la crisis en la Comunidad Valenciana para estrellarse después de haber alterado parajes naturales de forma irreversible.

Terrenos donde se proyecta levantar Intu Mediterrani. ampliar foto
Terrenos donde se proyecta levantar Intu Mediterrani.

La primera versión del centro comercial fue tumbada en 2016 porque, según la Generalitat, no respetaba la distancia legal de 100 metros respecto a la autovía CV-35. Hace unos días, el Ejecutivo autonómico envió una notificación al Ayuntamiento de Paterna indicando que tal circunstancia no ha cambiado en el segundo proyecto, lo que vuelve a situarlo al borde de la inadmisión. Intu mantiene que sus dos planeamientos respetan la normativa de carreteras y reclama en los tribunales, por el rechazo del primer proyecto, una indemnización de 300 millones en concepto de "quebranto económico y lucro cesante". Además, el pasado viernes la compañía anunciaba que se plantea pasar de la vía administrativa a la penal y sus equipos legales estudian si “las sucesivas trabas impuestas por la Administración” constituyen prevaricación administrativa o falsedad documental.

Fricciones en el Gobierno valenciano

El centro comercial se enfrenta a la tramitación de dos normas, que si se aprueban, lo harán inviable. La primera limitará a 120.000 metros cuadrados el tamaño máximo de una superficie comercial. La segunda incluye los terrenos de Intu en el Plan de Ordenación de Recursos del cercano Parque Natural del Turia. “Cuando compramos el suelo ya miramos que no tuviera ninguna afección. Eso fue corroborado durante la tramitación administrativa por tropecientos informes ambientales. Y ahora se inventan esto. Estamos confundidos, preocupados, aturdidos y cabreados. No tiene ningún sentido lo que está pasando”, lamenta Arenere. La Consejería de Economía y Comercio y la de Medio Ambiente, ambas dirigidas por Compromís, asegura que empezaron a tramitar las normas en 2016, antes de que la compañía presentara el proyecto que ahora está sobre la mesa.

La relación entre la empresa y la Generalitat ha ido ganando aspereza. El director general de Comercio, Natxo Costa, escribió en diciembre en Twitter: “Intu go home”. Y la empresa ha relacionado el trato que está recibiendo con la caída de la inversión extranjera en la Comunidad Valenciana.

El asunto ha generado fricciones en el Consell de la Generalitat, donde el PSPV-PSOE ha reprochado a Compromís, especialmente, el tono. Divide a los empresarios, con la patronal autonómica a favor y las federaciones del pequeño comercio en contra. Y enfrenta a Paterna, cuyo alcalde, el socialista Juan Antonio Sagredo, es un gran defensor del complejo, con otros municipios cercanos, nueve de los cuales han aprobado mociones oponiéndose al macrocentro comercial.

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