El Estado traspasará a la Xunta la principal autopista gallega

Tras más de una década de reivindicaciones, tres resoluciones unánimes del Parlamento gallego y dos vetos del PP de Mariano Rajoy, Galicia podrá gestionar su principal vía de comunicación. El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con el apoyo de todos los partidos salvo Ciudadanos, la tramitación de una ley orgánica para que el Estado transfiera a la Xunta la Autopista del Atlántico (AP-9), la infraestructura de peaje que vertebra la franja costera de la comunidad hasta Portugal y concentra en su entorno el 80% de su actividad económica. El traspaso, cuyos detalles deberán ser ahora negociados, abre la posibilidad de que el Gobierno autonómico pueda rescatar, con financiación estatal, la concesión que ahora está en manos de Audasa, del grupo Itínere. Aunque de momento el PP de Alberto Núñez Feijóo solo ha anunciado que utilizará el cambio para vigilar a la empresa e intentar rebajar las “desorbitantes” tarifas que pagan los conductores.

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La AP-9 discurre entre Ferrol y la frontera con Portugal y en sus casi 220 kilómetros conecta cinco de las siete ciudades gallegas y las comarcas más pobladas. Para circular por ella, los más de 25.000 conductores que la usan a diario deben abonar algunos de los peajes más caros de España. El dinero otorga suculentos beneficios (44 millones en 2017) a una empresa que, en un principio, iba a gestionar la vía solo entre 1973 y 2013, pero a la que diversas prórrogas aprobadas durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar le han prolongado el contrato hasta 2048. Por el camino, en tiempos de Aznar, Audasa fue además privatizada.

“Es díficil encontrar mayor unanimidad en Galicia que sobre la prepotencia de Audasa”, ha afirmado este martes desde la tribuna del Congreso Antón Sánchez, diputado autonómico de En Marea y uno de los encargados de defender la propuesta, quien ha abogado por que el traspaso de la AP-9 sea utilizado para imponer la gestión pública y apartar a una concesionaria que se ha beneficiado de “generosos favores políticos”. Martín Fernández Prado, del PP gallego, ha apelado al “sentimiento global de Galicia” en favor de una “gestión más racional” de esta infraestructura y ha censurado los “desorbitantes” peajes que cobra la concesionaria y que subirán a partir de enero el doble que la media estatal, ha recordado. “Son una carga insufrible para familias y empresas”, ha criticado sobre las tarifas de Audasa Guillermo Meijón, del PSOE.

Ciudadanos, por su parte, ha rechazado la transferencia porque, utilizando los argumentos que esgrimía el Gobierno de Rajoy y citando datos del exministro de Fomento Íñigo de la Serna, ha asegurado que le costará a las arcas estatales 554 millones de euros. “¿Quién se va a oponer en Galicia a la pregunta de si quiere usted que le regalen una infraestructura sin coste?”, ha ironizado el diputado Fernando Navarro sobre la demanda unánime del Parlamento gallego. “No están ustedes en el Parlamento de Galicia porque no sintonizan con las aspiraciones y necesidad de la comunidad”, le ha replicado por el PP Celso Delgado Arce, erigido ahora en abanderado de la medida tras ser el encargado durante años de defender las posiciones de Rajoy.

La indignación de los gallegos por la sangría económica que les supone el peaje de la AP-9 ha ido a más el último año, aunque la demanda de transferencia se remonta a 2005. La Xunta bipartita de PSOE y BNG incluyó entre sus reclamaciones de competencias la gestión de la autopistas de peaje y el PP de Feijóo se unió a la reivindicación en 2007. La proposición que ha llegado al Congreso fue presentada por el BNG, cuya líder, Ana Pontón, ha seguido la sesión desde la tribuna de invitados.

El próximo 1 de enero Audasa volverá a subir los peajes casi un 3,5%, un incremento que se une al cerca del 4% de 2018. Ambos se producen porque los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con dos ministros gallegos de Fomento, permitieron a la concesionaria financiar las ampliaciones de los accesos a Vigo y Santiago encareciendo las tarifas que pagan los ciudadanos. El convenio exigía que ese aumento no se aplicase hasta que no estuvieran finalizados los trabajos, pero como Rajoy inauguró el tramo del puente de Rande en Vigo el pasado 30 de diciembre sin estar acabado, los usuarios se han pasado el 2018 pagando más por una carretera en obras.

La tramitación del traspaso llega además después de que la Fiscalía haya presentado una demanda contra Audasa por cobrar peajes en el tramo del puente de Rande pese a los continuos atascos provocados por las obras de ampliación. El ministerio público reclama a la concesionaria el reintegro a los usuarios del dinero que abonaron durante los tres años que duraron estos trabajos.