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La Fiscalía demanda a la concesionaria de la AP-9 por el cobro abusivo de peajes

Presenta una demanda contra Audasa por exigir íntegramente el importe de los peajes pese a los atascos provocados por las obras

Un tramo de la AP-9.
Un tramo de la AP-9.

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda de acción colectiva en defensa de los consumidores y usuarios contra la concesionaria de la AP-9, Audasa por “prácticas abusivas” de la compañía al cobrar los peajes íntegros pese a los atascos producidos durante tres años por las obras de ampliación del puente de Rande (Pontevedra). La demanda presentada en el juzgado Mercantil incide en el deficiente servicio que la concesionaria estuvo prestando durante al menos los tres años que duraron las obras, y que provocaron continuos atascos en las comunicaciones en el sur de la provincia, principalmente en el entorno del área de Vigo.

Aunque la Fiscalía admite que no se conoce la totalidad de consumidores afectados, pide que la sentencia se extienda a todos aquellos que acrediten haber pagado el peaje en estas circunstancias. En todo caso, señala que, en ese período de algo más de 3 años, la propia Audasa reconoce que se registraron unos 77 millones de tránsitos, y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros.

En su demanda, el ministerio público insta a que se condene a Audasa a reintegrar a los usuarios (excluidos los conductores profesionales y titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros) el importe de los peajes entre los días 27 de febrero de 2015 y 1 de junio de 2018, con los intereses legales y las costas del proceso.

Subraya el Ministerio Público en los fundamentos de la demanda que en este período, el tráfico se vio "permanentemente afectado" en el puente, debido a la reducción de carriles y los límites de velocidad, con los consiguientes perjuicios a los usuarios, que perdieron tiempo en sus desplazamientos y se vieron atrapados en colapsos en numerosas ocasiones.

"Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", expone el fiscal, que ha reprochado a Audasa haber mantenido "no solo el cobro íntegro del peaje en todo momento, sino que este se hubiera incrementado a partir del 1 de enero de 2018". Una situación que se prolongó en el tiempo pese a que el tramo se inauguró el 30 de diciembre de 2017 pero se continuaron realizando trabajos pendientes en la calzada con posterioridad a esa fecha, provocando continuos atascos.

Así, entiende la Fiscalía de Pontevedra que la concesionaria cobró unos peajes por unos servicios deficientes y ve "abusiva" la práctica de cobrar la tasa íntegra, la misma que si la autopista tuviera unas condiciones normales de circulación. Además, considera que "no puede perderse de vista que, cuando existe un atasco en la autopista, el mantenimiento del cobro del peaje supone un notable incremento del retraso ya acumulado, dada la necesidad de efectuar individualmente el cobro a todos los vehículos acumulados".

Por ello, reclama que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de ese cobro y se inste a Audasa a cesar en dicha práctica en lo sucesivo, "en cualquier autopista que gestione en España", elaborando, en el plazo de un mes, un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico.

Las indemnizaciones afectan a todos los usuarios (conductores y pasajeros), excluyendo a los profesionales, que acrediten haberse visto atrapado en alguno de los atascos que implicaron retenciones superiores a diez minutos, mediante la aportación del tique del peaje o a través de cualquier otra prueba de pago.

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