La Fiscalía de Pontevedra prepara la demanda colectiva contra Audasa por los atascos de Rande

La Fiscalía de Pontevedra formalizará en noviembre una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, para que los usuarios puedan reclamar indemnizaciones a la compañía por las continuas retenciones derivadas de las obras de ampliación del puente de Rande que se demoraron varios meses.

Así lo anunció este miércoles la propia fiscalía en una reunión con representantes de Audasa, en respuesta al clamor de miles de afectados que podrán solicitar la devolución de los peajes o correspondientes indemnizaciones una vez formalizada la demanda.

La investigación de este proceso civil sobre la protección de los derechos de consumidores y usuarios se ha ceñido al período que va desde febrero de 2015 a mayo de 2018, en plena ejecución del proyecto, y en base a los datos requeridos a la concesionaria sobre el cómputo de los peajes en los 38 meses que duraron las obras.

Ello ha permitido hacer un perfil del usuario que podrá adherirse a la demanda colectiva. Independientemente de la información aportada por Audasa sobre el tránsito de vehículos y el importe de los peajes, cada conductor tendrá que aportar el justificante de los tiques abonados para poder reclamar. Un rompecabezas, ya que en este período, la concesionaria ha contabilizado en el peaje de este tramo de obras más de 58 millones de vehículos, lo que supone una media que supera los 56.500 conductores atravesando cada día el puente de Rande.

La Fiscalía Superior de Galicia confirmó en mayo la apertura de estas diligencias de carácter civil de protección de los derechos de consumidores y usuarios al considerar que se había producido, por parte de Audasa, un "deficiente funcionamiento sostenido en los últimos meses" en este tramo de la autopista.

La Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y la Confederación de Empresarios de Pontevedra habían denunciaron en febrero pasado los incumplimientos de los plazos de las obras, tanto en el puente de Rande como en la A-55, y los perjuicios económicos que estos retrasos estaban produciendo al sector empresarial.

Ambas entidades se dirigieron entonces a Fomento y Audasa para reclamar medidas ante los graves perjuicios derivados para la actividad económica de la provincia y la competitividad de sus empresas. “Creo que ya hemos tenido mucha paciencia”, había reprochado a Fomento el presidente de la entidad cameral José García Costas.

También el Parlamento ha acordado pedir sanciones para Audasa por el deficiente servicio prestado durante las obras de ampliación y ha urgido a la empresa la apertura de las salidas de emergencia. A iniciativa del BNG, la Cámara autonómica acordó por unanimidad instar al Ministerio de Fomento para cumpla lo antes posible con este acuerdo.

Hasta ahora, los usuarios no han podido utilizar estas salidas de emergencia que se han habilitado entre los carriles nuevos y los que ya había. El motivo es el material de las obras que se amontona en estos accesos por lo que todavía permanecen cerrados al tránsito de vehículos.