La fiscalía abre diligencias a Audasa por los continuos atascos en la AP-9
El Ministerio Público estudia ejercitar una acción colectiva en defensa de los derechos de los usuarios
La Fiscalía de Pontevedra ha acordado investigar las denuncias de los continuos colapsos circulatorios derivados de las obras de ampliación del puente de Rande y los enlaces de Cangas y Teis en la AP-9, llevadas a cabo por la entidad concesionaria Audasa desde diciembre pasado. Las han partido de varios Ayuntamientos afectados por las obras, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios y usuarios de la AP-9 que incluso han llegado a la Valedora do Pobo, Milagros Otero que ha pedido explicaciones al Ministerio de Fomento y a la concesionaria.
En un comunicado difundido este miércoles por la Fiscalía Superior de Galicia, se anuncia la apertura de diligencias de carácter civil de protección de los derechos de consumidores y usuarios por lo que considera un "deficiente funcionamiento sostenido en los últimos meses" de este tramo de la autopista. Una investigación que podría dar lugar a una Acción Colectiva de Cesación por parte de la Fiscalía de Pontevedra a efectos de solicitar a Audasa la indemnización o restitución a los usuarios afectados de las cantidades que han abonado en los pejaes pese a los atascos. En el caso de prosperar dicha acción colectiva, la fiscalía no descarta exigir la conservación de la documentación que acredite el uso de la autopista en el periodo de duración de la obra.
Pese a la inauguración oficial por parte del Ministerio de Fomento de los nuevos carriles del puente de Rande el 31 de diciembre del pasado año, las obras continuaron con otros proyectos de ampliación y mejoras en el viaducto. Estos trabajos adicionales aprobados por Fomento han venido provocando continuos atascos y restricciones en el tráfico y consecuentemente las quejas de muchos usuarios que en ocasiones se han negado a pagar los peajes.
Los alcaldes de Vigo, Redondela, Cangas y Moaña, además de los colectivos empresariales y del sector del transporte han exigido soluciones para el cuello de botella en el que se ha convertido el tramo de Rande donde las obras van a prolongarse al menos hasta el 31 de mayo.
La situación ha forzado a Fomento ya la concesionaria Audasa a decidir la pasada semana que en casos puntuales de atascos se levantaran las barreras de los peajes a los usuarios, pero los colapsos persisten y la medida no se ha puesto en práctica para evitar contratiempos con los conductores y agilizar el tráfico.
La Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y la Confederación de Empresarios de Pontevedra ya denunciaron en febrero pasado los incumplimientos de los plazos de las obras tanto en el puente de Rande como en la A-55 y los perjuicios econòmicos que estos retrasos estan produciendo al sectos empresarial.
Ambas entidades se dirigieron entonces a Fomento y Audasa para reclamar medidas ante los graves perjuicios derivados para la actividad económica de la provincia y la competitividad de sus empresas. “Creo que ya hemos tenido mucha paciencia”, advirtió a Fomento el presidente de la entidad cameral José García Costas.
La Fiscalía de Pontevedra abre diligencias a Audasa por los continuos atascos en la AP-9
El Ministerio Público podría ejercitar una acción colectiva en defensa de los derechos de los comsumidores y usuarios
Elisa Lois. Pontevedra
La Fiscalía de Pontevedra ha acordado investigar las denuncias de los continuos colapsos circulatorios derivados de las obras de ampliación del puente de Rande y los enlaces de Cangas y Teis en la AP-9, llevadas a cabo por la entidad concesionaria Audasa desde diciembre pasado.
Las han partido de varios Ayuntamientos afectados por las obras, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios y usuarios de la AP-9 que incluso han llegado a la Valedora do Pobo, Milagros Otero que ha pedido explicaciones al Ministerio de Fomento y a la concesionaria.
En un comunicado difundido este miércoles por la Fiscalía Superior de Galicia, se anuncia la apertura de diligencias de carácter civil de protección de los derechos de consumidores y usuarios por lo que considera un "deficiente funcionamiento sostenido en los últimos meses" de este tramo de la autopista.
Una investigación que podría dar lugar a una Acción Colectiva de Cesación por parte de la Fiscalía de Pontevedra a efectos de solicitar a Audasa la indemnización o restitución a los usuarios afectados de las cantidades que han abonado en los pejaes pese a los atascos. En el caso de prosperar dicha acción colectiva, la fiscalía no descarta exigir la conservación de la documentación que acredite el uso de la autopista en el periodo de duración de la obra.
Pese a la inauguración oficial por parte del Ministerio de Fomento de los nuevos carriles del puente de Rande el 31 de diciembre del pasado año, las obras continuaron con otros proyectos de ampliación y mejoras en el viaducto. Estos trabajos adicionales aprobados por Fomento han venido provocando continuos atascos y restricciones en el tráfico y consecuentemente las quejas de muchos usuarios que en ocasiones se han negado a pagar los peajes.
Los alcaldes de Vigo, Redondela, Cangas y Moaña, además de los colectivos empresariales y del sector del transporte han exigido soluciones para el cuello de botella en el que se ha convertido el tramo de Rande donde las obras van a prolongarse al menos hasta el 31 de mayo.
La situación ha forzado a Fomento ya la concesionaria Audasa a decidir la pasada semana que en casos puntuales de atascos se levantaran las barreras de los peajes a los usuarios, pero los colapsos persisten y la medida no se ha puesto en práctica para evitar contratiempos con los conductores y agilizar el tráfico.
La Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y la Confederación de Empresarios de Pontevedra ya denunciaron en febrero pasado los incumplimientos de los plazos de las obras tanto en el puente de Rande como en la A-55 y los perjuicios econòmicos que estos retrasos estan produciendo al sectos empresarial.
Ambas entidades se dirigieron entonces a Fomento y Audasa para reclamar medidas ante los graves perjuicios derivados para la actividad económica de la provincia y la competitividad de sus empresas. “Creo que ya hemos tenido mucha paciencia”, advirtió a Fomento el presidente de la entidad cameral José García Costas.
