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El Gobierno incluye en los peajes del gas la retribución a Enagás por Castor

Los peajes se mantienen congelados un año más en el borrador de orden que está revisando la CNMC

Proyecto Castor
Plataforma Castor, en aguas de Castellón.

El Gobierno ha decidido incluir en la orden que regula los peajes del gas para 2019 la retribución que le paga a Enagás por el mantenimiento del almacén subterráneo de gas Castor. Estos derechos de cobro incluyen tanto la factura de 2019 (8,7 millones de euros) como las de 2017 y 2018 (por la misma cantidad), que Enagás no cobró en su momento porque fueron paralizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras una sentencia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional declaró a finales de 2017 inconstitucionales y nulos varios artículos que hacían referencia a estos costes por el modo en que el anterior Gobierno ordenó que fueran retribuidos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un real decreto-ley en 2014 en el que establecía tanto la indemnización al propietario del almacén Castor (1.350 millones de euros) como el abono a Enagás por mantener la fallida instalación gasista. El Constitucional consideró que no debió hacerse a través de un decreto-ley, porque no se daba una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".

Tras esa sentencia, Enagás no cobró la factura de los años 2017 y 2018, así que ahora el Gobierno incluye esa retribución en la orden que fija los peajes y cánones del sistema gasista para 2019. En total, son 26,1 millones de euros e incluyen un 5% en concepto de "beneficio industrial". Y lo hace, según recoge el borrador de la orden, que el Ministerio de Transición Ecológica ha sometido hoy a consulta pública, "al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación".

El almacén de gas Castor se mantiene en hibernación desde que, en 2013, durante la fase de pruebas, provocara una serie de terremotos durante su llenado que obligaron a cerrarlo por seguridad. El Gobierno considera "perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente", asegura el borrador de la orden. Fuentes de Enagas sostienen que las cantidades que se abonarán corresponden exclusivamente a tareas de seguridad: helicóptero, barco que vigila el entorno, sismógrafos...

Peajes congelados

La propuesta de orden ministerial mantiene congelados los peajes del sistema gasista, que no se han modificado desde 2014. Es, por tanto, el sexto año consecutivo en el que se congelan los peajes del gas natural, de forma que la parte regulada de la factura, la única que depende del Ejecutivo, vuelve a mantenerse constante. Los peajes son las cantidades que se cobran por el uso de las infraestructuras y por el coste de la energía.  

La propuesta de orden para el próximo año estará sometida a consulta pública hasta el próximo 17 de diciembre. La orden definitiva suele publicarse en el BOE durante los últimos días del año. Los valores propuestos "tienen carácter provisional" hasta que la CNMC elabore la metodología de cálculo, recuerda el Ejecutivo.

Pese a que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó en una entrevista con Cinco Días que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fijaría los peajes eléctricos y de gas desde el próximo enero, no ha dado tiempo a que el Gobierno devuelva esta competencia al regulador. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe próximamente --aunque no este viernes, como se venía anunciando-- la devolución a la CNMC de estas competencias, entre otras, que el anterior Ejecutivo se apropió.

La deuda bancaria de Castor no aparece

La propuesta de orden no incluye un punto que la anterior sí recogía: el pago de la anualidad correspondiente de los 1.350 millones en los que se valoró la inversión de Castor y que se ha venido abonando a los bancos acreedores hasta la sentencia del Tribunal Constitucional. La orden publicada a finales de 2017 reconocía, en virtud del real decreto-ley 13/2014, el pago de 80 millones de euros "a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista".

Esos derechos de cobro están actualmente en manos del Banco Santander, Bankia y CaixaBank, que en abril pasado presentaron una reclamación para que el Estado les devuelva lo que adelantaron. Tras la sentencia del Constitucional de finales del año pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, dejó de obligar al pago de esa factura anual de 80 millones a través de la factura del gas.    

El Tribunal Supremo ordenó hace unas semanas a Enagás devolver los 18 millones de euros que cobró en el recibo de 2015 en concepto de mantenimiento del almacén Castor. En la sentencia resolvió la denuncia planteada por la patronal Cecot, que consideraba inconstitucional el Real decreto-ley por el que se le reconocieron estos pagos a la fallida instalación gasista. Esta cantidad aún no ha sido reembolsada. Cecot tiene recurrida también la retribución de 2016.

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