Colombia aspira a un 10% de energía limpia en cuatro años

La imagen de Colombia está asociada desde hace dos años, cuando el Gobierno firmó la paz con la guerrilla de las FARC, a la idea de transición. En el marco de construcción de un nuevo país, la transición energética es precisamente uno de los principales desafíos de esta nueva etapa. Para visualizar ese camino a medio plazo se puede pensar en el consumo de una ciudad como Ibagué, una antigua villa colonial encaramada en la cordillera de los Andes con alrededor de 500.000 habitantes. Ese es el punto de partida, 50 megavatios, que corresponden a la capacidad actualmente instalada en fuentes limpias en todo el país. El final del trayecto es el conjunto de la energía que consumen en todo un año dos de las urbes más pobladas del país —Medellín y Cali— juntas: 1.500 megavatios. Llegar a esa cantidad de producción en renovables, que representaría el 10% del total, es el objetivo que se ha fijado el Ejecutivo del presidente Iván Duque antes de finalizar su mandato, en 2022.

Colombia, donde casi medio millón de hogares todavía carecen de electricidad, tiene una fuerte dependencia de las centrales hidroeléctricas y de los combustibles fósiles. El cambio radical de este modelo era uno de los ejes centrales del programa del candidato izquierdista Gustavo Petro, principal contrincante del actual mandatario en la segunda vuelta electoral de junio. Duque, que acaba de cumplir 100 días en el cargo, defiende un planteamiento más conservador que, al menos por el momento, se conforma con la diversificación del sistema.

Más información

La segunda revolución renovable de América Latina

Argentina se abraza a las renovables con el espejo de Chile y Uruguay

La eólica y la solar se abren paso en México y Centroamérica entre la ambición y la incertidumbre

"Este Gobierno está comprometido con la diversificación, complementariedad y competitividad de nuestra matriz energética”, asegura la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. Uno de esos compromisos es una subasta que, por primera vez, permitirá contratar energía a largo plazo. Está prevista para el primer semestre de 2019 y contempla incentivos para las fuentes de energía renovable, concretamente, los proyectos en el sector solar, eólico y de la biomasa. El propósito es doblar la producción antes de julio del próximo año.

La península de La Guajira (noreste), una de las regiones más pobres y olvidadas del país, puede convertirse en el nuevo Dorado de esta transición. Esa, sobre el papel, es la intención de las autoridades, que actualmente están promoviendo la creación de 14 plantas y tres líneas de transmisión con el resto de Colombia. A los planes oficiales, que a juzgar por los retrasos que están sufriendo todos los departamentos pueden tardar más de lo esperado, se añade además una reflexión sobre la vulnerabilidad de Colombia ante el cambio climático.

“El fenómeno de El Niño en 2015 y 2016 puso a prueba nuestro sistema eléctrico, ocasionando una reducción del porcentaje útil de los embalses del 80 al 50% en pocos meses. La generación de energía eléctrica, en un 70% a partir de fuentes hídricas, demuestra la limpieza de nuestra matriz, pero también nos impone un reto frente a la sostenibilidad energética”, señaló el viernes pasado la ministra al hacer balance de los primeros 100 días de gestión.

A pesar de ello y de los esfuerzos del Gobierno para intentar atraer inversión extranjera y obtener el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el terreno las fuentes limpias son aún una meta rodeada de obstáculos. Empezando por las cargas fiscales. Así lo denuncia, por ejemplo, la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano. “La participación de las energías renovables en la matriz nacional no sobrepasa el 1% y los vehículos eléctricos e híbridos solo alcanzan el 0,03% de la flota vehicular”, señala la ONG en una carta remitida el viernes al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Con esa premisa, prosigue el director de la organización, Camilo Prieto Valderrama, “resulta inexplicable que los combustibles fósiles y el material bélico se encuentren exentos de IVA y que las herramientas de la sostenibilidad se vean lapidadas”.

La demanda de exención se encuentra de momento en la mesa del ministro, que desde la presentación de la nueva ley de financiamiento está librando una batalla con casi todos los sectores productivos. Para que los objetivos que se marca la Administración puedan concretarse es necesario que vaya más allá de las buenas intenciones. Lo reconoce incluso la ministra de Minas y Energía. “El momento de actuar es ahora”, enfatizó María Fernanda Suárez. Esto es, ahora es momento de demostrar voluntad política.