La vivienda, un derecho social para el siglo XXI

La vivienda asequible emerge en este inicio del siglo XXI como uno de los problemas sociales más dramáticos y urgentes al que nos enfrentamos. Un problema especialmente agobiante en las grandes ciudades, que se están viendo presionadas por nuevos factores. Por un lado, el hecho de que la crisis ha desplazado población desde localidades pequeñas hacia las ciudades más grandes. Por otro, el hecho de que las nuevas plataformas digitales facilitan la sustitución del uso residencial por usos turísticos de una parte del escaso parque de vivienda de alquiler existente.

La vivienda atiende a muchos fines esenciales para una vida digna. Protege del frío y del calor; guarda los bienes de las personas; da a los niños un lugar en el que crecer sanos; ofrece a los mayores un sitio que los protege; da privacidad a la vida familiar; hace, en definitiva, a las personas mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos.

La escasez y el elevado precio en relación con los ingresos familiares para costearla hacen que la vivienda en España actúe al modo de una tijera de la pobreza, cuestión de la que hablé en una columna publicada hace unos meses. Pero las consecuencias van más allá. Por un lado, la falta o la mala calidad de la vivienda asequible influyen en la salud y en el porvenir de los niños que viven en esos hogares. Por otro, impide la emancipación de los jóvenes a la edad —la década de los veinte— en que han de hacerse responsables de sus vidas. El impacto de este retraso emancipatorio en la cultura moral de los jóvenes es tremendo. Sin olvidar el efecto que ese retraso tiene en la capacidad de innovación social, política y económica.

Así las cosas, sorprende la desidia con la que los gobiernos de la etapa democrática han abordado la cuestión de la vivienda asequible. No digo que no haya existido ningún tipo de política pública. La ha habido, pero ha ido dirigida a la compra de vivienda privada por parte de los grupos acomodados. Una política instrumentada fundamentalmente a través de las exenciones fiscales a la compra. Una política que ha hecho que España sea el país europeo con mayor proporción de propiedad en relación con la cantidad total de vivienda residencial existente.

Los gobiernos democráticos han abordado la cuestión de proporcionar pisos asequibles con sorprendente desidia

Pero ese tipo de políticas no tienen efectos directos sobre la gente con escasos recursos. Para ellos la política de vivienda tiene que ser diferente. En varios sentidos. Uno es que el mercado privado por sí sólo no puede resolver esta necesidad social; se requiere la implicación directa de los sectores públicos estatales, autonómicos y locales. Otro es que el criterio no puede ser la eficiencia de los instrumentos públicos empleados sino la equidad: ayudar a acceder a la vivienda a las familias pobres es un objetivo moralmente válido en sí mismo.

¿Por qué los gobiernos democráticos no se han visto compelidos a actuar de forma más contundente? En mi opinión, la desidia tiene que ver con el hecho de que la vivienda asequible no está aún contemplada, ni en la legislación ni en la cultura política, como un derecho social básico con la misma intensidad con que lo están la educación, la sanidad, el paro o las pensiones. La redistribución operada por el Estado social que se construyó a partir de la segunda Guerra Mundial para erradicar la elevada desigualdad y pobreza existente en las primeras décadas del siglo XX respondió a dos grandes impulsos. Por un lado, al principio de igualdad en el acceso a bienes básicos como la educación y la sanidad. Por otro, una lógica de derechos relacionada con la falta de cobertura de ingresos para atender a la pobreza de los mayores que venía de las situaciones de desempleo y de la jubilación. Hoy tenemos que ampliar esa lógica de derechos a la vivienda. Y quizá también a la cultura.

En la primera mitad del siglo XX fueron las guerras las que hicieron tabla rasa con el pasado y acabaron con el mal endémico de la desigualdad y con la pobreza de los mayores. Hoy la desigualdad y la nueva pobreza de niños y jóvenes vuelven a ser un problema endémico. Una pobreza que viene en gran parte de la falta de vivienda asequible. Necesitamos construir un nuevo contrato social para el siglo XXI que contemple la vivienda asequible como un derecho social exigible de forma efectiva. Y diseñar nuevas instituciones y políticas públicas que abordan, tanto de forma justa como eficaz, la cobertura de este derecho.