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La rebaja eléctrica pactada entre PNV y PP beneficia a 1.250 empresas de seis comunidades

El ahorro para las industrias afectadas, de las que la mitad son vascas, se estima en 100 millones

Vista de un tendido eléctrico.
Vista de un tendido eléctrico. EFE

Un total de 1.250 empresas de seis comunidades autónomas ya se están beneficiando por el cambio de tarifas eléctricas que ha entrado en vigor tras el acuerdo sellado entre el Gobierno del PP y el PNV en 2017 y que fue incorporado en 2017 a los Presupuestos Generales del Estado, aunque no había entrado en vigor. La  rebaja de la tarifa eléctrica va a lograr un ahorro conjunto que rondará los 100 millones de euros anuales, de los que 50 correponden a unas 790 empresas vascas, de las 1250 en total que se benefician.

El restraso tuvo su origen en que el Govern entendió que el acuerdo perjudicaba a los intereses de las firmas catalanas. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital remitió a finales de 2017 las alegaciones para defender ante Competencia de la UE. Tras conocer este pacto, la Generalitat reclamó un beneficio similar para su industria. Y como no lo obtuvo, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, denunció el 16 de septiembre este acuerdo al entender que suponía una ayuda de Estado y que dejaba en desventaja a la industria catalana.

Los cambios de la tarifa fueron aprobados este pasado viernes en el Consejo de Ministros, pero han entrado en vigor esta semana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo eliminó la tarifa 6.1.B y englobó las tensiones de 30 a 36 KV en la tarifa 6.2. La Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, ha cifrado hoy en 1.250 empresas las empresas de seis comunidades autónomas que se beneficiarán de la medida y corregirán "un sobrecoste tarifario que históricamente ha supuesto 100 millones de euros año".

La rebaja de la tarifa era una revindicación histórica del PNV, aunque tuvo que esperar hasta que el PP tuvo una situación parlamentaria de minoría, en 2017 para arrancar ese acuerdo. La protesta de la Generalitat y la oposición posterior de Ciudadanos, que lo consideraba un "privilegio" para el PNV, retrasó su aplicación hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado el decreto de aplicación. 

De esas 1.250 empresas, la mayoría, 790, están en el País Vasco, 42 en Navarra, 33 en Castilla y León, 17 en Cantabria y 11 en Asturias. El resto están en Andalucía, comunidad en la que hay 966 empresas con las tarifas de 30 y 25 KV, aunque no están cuantificadas las del grupo 30. No obstante la plataforma energética KV 25/30 ha recordado que este decreto "no resuelve el problema en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 KV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros al año por estar mal encuadradas".

Según sus datos, en Cataluña hay 3.277 empresas con la tarifa de 25 KV, en Extremadura 365, en Aragón 290, en Murcia 6 y en Castilla-La Mancha 3. La plataforma energética KV 25/30, de la que forman parte la patronal alavesa SEA, el Grupo ASE, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a un centenar de empresas, ha expresado su "satisfacción" por el cambio en la tarifa de 30 KV y ha pedido medidas similares para la de 25. En el País Vasco, desde el lehendakari Íñigo Urkullu hasta la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se han felicitado por la aplicación del acuerdo.

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